La jueza Cecilia Pareja resolvió el 21 de abril del 2023 la acción de protección interpuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El funcionario alegaba que su institución tiene un déficit de USD 265,6 millones, pero la sentencia ordenó priorizar proyectos.
Pareja declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, por la falta de un presupuesto óptimo para el sistema de justicia, según informó la Judicatura.
Entre las medidas dispuestas por la jueza consta que el Ministerio de Finanzas y el Consejo de la Judicatura deben generar “una solución presupuestaria que garantice el ejercicio de la tutela judicial efectiva” en un plazo de 30 días y a través de una mesa técnica.
También intervendrá la Secretaría de Planificación. Las tres entidades definirán los proyectos a priorizar. En el plazo establecido deberán presentar un informe técnico para que obtengan el financiamiento respectivo.
Además, la Defensoría del Pueblo actuará en el proceso con el propósito de que se garantice el cumplimiento de la sentencia.
Posición de Finanzas
Al conocer la resolución, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, expresó en su Twitter: “Rechazan acción de protección”. A su criterio, hay una “pretensión de politizar (las) finanzas públicas”.
Explicó que Pareja aceptó parcialmente la vulneración del derecho al acceso de justicia y que a eso responde la disposición de que se articule una mesa técnica. La asignación de recursos debe seguir un debido proceso, resaltó.
Finanzas, además, aclaró que la vulneración incluyó al Consejo de la Judicatura. “En 30 días se priorizarán los proyectos de inversión, así como las necesidades judiciales, incluso para mejorar su ejecución”.
El Ministerio informó que la mesa técnica se organizará cuando se reciba la notificación formal de la sentencia porque el 21 de abril se dio solo la resolución verbal. Hasta el medio día de este 22 de abril aún no recibió la notificación.
Antecedentes del caso
El 3 de abril, Terán presentó la acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso; el ministro Arosemena; y contra el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea. Exigió la asignación del presupuesto suficiente para la Función Judicial.
El presupuesto general de la Función Judicial en el año 2012 fue de USD 656,4 millones de dólares, mientras que para 2023 es de USD 347,7 millones, según cálculos de la Judicatura. Esto para la institución, implica una reducción aproximada del 52,97% en la asignación de recursos para la administración de justicia, considerando un incremento poblacional en el país.
Actualmente, la Función Judicial tiene un déficit de USD 265,6 millones, recursos que se necesitan para resolver la falta de 692 jueces, repotenciar la infraestructura judicial, evaluar a los servidores judiciales, adquirir insumos y equipos, cumplir con el pago de jubilaciones, entre otras obligaciones prioritarias, resumió la Judicatura.
Terán justificó que hay 650 mil causas represadas porque la Función Judicial no cuenta con financiamiento para vincular personal técnico especializado.
Observación técnica a la gestión
Pero, “el tema no es solamente de demandar recursos, es cuestión de gestionarlos. Significa utilizarlos adecuada y racionalmente”, dijo María Herrera, expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha.
De lo contrario, dijo, diferentes instituciones comenzarán a interponer acciones para pedir más dinero y no es el camino más adecuado. Por eso ve importante que cada entidad presente, antes de la elaboración del presupuesto general del Estado, una sincronización de sus necesidades para que Finanzas analice la autorización según las prioridades.
La administración de la caja fiscal debe ir de la mano con las necesidades más urgentes, si no se alcanzan a cubrir con los ingresos por la exportación de petróleo e impuestos habrá que recurrir al financiamiento internacional, evaluó.
Pero eso en el momento actual es muy difícil por el alto riesgo país, “es decir, por la imagen totalmente deteriorada de pago afuera”. Lo que queda es que todas las instancias del Estado entren en un proceso de austeridad para que los recursos alcancen, advirtió.
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