El fallo castiga el aparente uso de fondos públicos con fines electorales, durante una videoconferencia realizada en España el 31 de marzo pasado. Según Fernando Flores (Prian), asambleísta por A. Latina, el Caribe y África, esa cinta confirma que, en ese entonces la Secretaria del Migrante promocionó las tesis oficiales para la consulta popular del 7 de mayo.
La sentencia fue aplaudida por políticos de oposición, quienes la consideran como un precedente positivo, que ratifica de la constante denuncia por el supuesto uso de fondos públicos para promocionar el Sí en la consulta.
Pero integrantes del Gobierno no están de acuerdo con el fallo. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, asegura que para el Gobierno la sentencia es equivocada. Mientras que el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, expresa su desacuerdo con ese fallo condenatorio. Los dos funcionarios afirman que la sentencia no está en firme y, por lo tanto, no es un tema que sea jurídicamente útil.
Otra funcionaria que cuestiona el fallo es la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz. Para ella se trata de una “sentencia cuestionable” y sostiene que la defensa de Escudero estuvo bien argumentada.
En la primera audiencia dirigida por la jueza Cantos, el abogado Pablo Baca Mancheno fue quien se encargó de la defensa de Escudero. Este jurista representó ya a la ministra Soliz en el juicio fallido que la funcionaria ejecutó contra diario Hoy.
También actuó en representación de cuatro organizaciones sociales -afines al Régimen- en la demanda a la revista Vistazo, por una supuesta violación del silencio electoral. Este abogado es hermano de Carlos Baca Mancheno, representante de la Función Ejecutiva para el concurso de selección de los vocales del Consejo Nacional Electoral.
Escudero descarta que una mala defensa haya conducido al fallo condenatorio.
Sin embargo, para la siguiente etapa procesal a su defensa se sumará Jorge Acosta. Él fue titular del ex Tribunal Supremo Electoral, quien había llegado a ese cargo en el 2007, en representación de Sociedad Patriótica y que destituyó a 57 diputados opositores a que se consulte sobre la instalación de una Constituyente,
No es la primera vez que Acosta se hace cargo de un caso que involucre al Gobierno. Ya defendió a la ministra de Educación, Gloria Vidal, en un juicio interpuesto por el asambleísta Jorge Escala, por un supuesto uso de infraestructura educativa en campaña.
De este modo, la defensa de Escudero estará fortalecida para enfrentar la audiencia en estrados, solicitada la semana pasada.
En esta etapa, el Pleno del TCE deberá escuchar a la defensa de Escudero, sin la participación de la jueza Cantos. Tras analizar los argumentos, el organismo en Pleno deberá confirmar o revocar la sentencia.
Según Escudero, todavía no ha sido confirmada la fecha para la audiencia de estrados.
Para Andrés Páez (ID), asambleísta de oposición, en caso de que se ratifique el fallo el Gobierno teme que se siente el precedente jurídico de que el uso electoral de fondos públicos es penado por la Ley.
Si bien Soliz reconoce que “todos los actores, tanto institucionales como políticos” participaron en la consulta, asegura que la Secretaría del Migrante no hizo campaña ni por el Sí ni por el No, “Solo generó y facilitó información”. Por eso, la funcionaria dice que si la sentencia es ratificada, el Gobierno se vería afectado, pues actuó como un equipo.