Zamora Chinchipe se ha convertido en el refugio de Cléver Jiménez. Él permanece escondido en algún lugar de la provincia para evitar su detención. Está condenado a 18 meses de prisión por injurias en contra del presidente Rafael Correa.
Jiménez nació en el poblado fronterizo de Zumba, cabecera cantonal de Zamora. Su infancia la vivió en su pueblo natal, luego se trasladó hasta Loja para cursar sus estudios secundarios en el colegio Bernardo Valdivieso. Quienes lo conocen hablan de su firmeza en sus decisiones, que demostró en su actitud forjada desde su adolescencia.
Creció de un hogar humilde formado por Roxana Cabrera y José Jiménez, que se han dedicado a la agricultura. Con sus cinco hermanos son muy unidos, aunque uno de ellos vive en España. Por ello, él no dudó en venir al país, cuando supo del problema legal que tenía.
Su posición de asambleísta le dio la posibilidad de ayudar a sus coterráneos, lo recuerda Carmen Siquilanda, presidenta de la Federación de Indígenas Saraguros de Zamora Chinchipe. “Siempre estuvo dispuesto a ayudar a las personas de bajos recursos económicos a realizar trámites en las instituciones”.
Estudió varias carreras profesionales: Ingeniería Comercial, Contabilidad, Computación y actualmente está finalizando su carrera en Derecho.
Fue maestro de la sección nocturna de la Unidad Educativa 12 de Febrero durante 10 años. Allí conoció a Rocío Alba, su esposa, quien fue su alumna.
Al preguntarle por su esposo y por la situación que viven, su rostro se entristece y prefiere evadir el tema, aunque afirma que está en contacto con él. “Solo pido a Dios por esta situación, porque a la final el daño se hace a las dos familias. Tanto a la mía como a la del presidente Rafael Correa”.
Para Mariana Fajardo, coordinadora provincial del Movimiento Pachakutik en Zamora Chinchipe, Jiménez más que una figura política es un amigo de confianza. Reconoce su “valentía para enfrentar al Gobierno con su fiscalización”.
En la Asamblea de los Pueblos y Comunidades Indígenas convocada para hoy (30 de marzo de 2014), se definirán las acciones de respaldo al legislador. No descartan las movilizaciones hasta la capital para pedir al Presidente que lo absuelva de la pena.
Alba sabía de algunos de los casos que trataba en la Asamblea. Él se los contaba cuando regresaba de la capital, que por lo general era los días jueves.
En muchas ocasiones Alba le pidió no meterse mucho con el Gobierno; sin embargo, “él me decía que su labor es fiscalizar y al no cumplir con ese mandato está defraudando a las personas que lo eligieron, sobre todo aquellas personas sencillas que no conocen de leyes”.
Según la mujer, la energía positiva de su esposo la trasmite a sus familiares y a sus amigos. “A pesar de las circunstancias siempre sonríe y toma la vida con alegría. Nunca nos demuestra tristeza”.
Salvador Quishpe, prefecto reelecto de Zamora Chinchipe, cuenta que las bromas van y vienen en las reuniones. El grado de confianza entre estos dos políticos llega hasta los apodos. “Cuando me comunico por teléfono con él siempre le digo: ‘chiquitico’ dónde estás, alza la voz para verte… y reímos”.
En la vida política siempre estuvo junto a Quishpe. Llegó al movimiento político Pachacutik en el 2002 cuando se formó en la provincia de Zamora Chinchipe. Su posición ideológica le hizo ocupar diversos cargos en su provincia en representación del movimiento indígena. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral en esa provincia oriental.
Para el analista y abogado Rómulo Salazar, la actuación de Jiménez en contra del Mandatario y que motivó el juicio de injurias fue una acusación sin sustento probatorio. El hecho de acusar al Presidente de un delito de lesa humanidad, por principio jurídico, cuando no es probada, debe ser sentenciada.
“Considero que fue maliciosa la actitud del asambleísta. La sentencia está emitida y el hecho de estar en la clandestinamente es no mantenerse en la acusación. Pero este tipo de actitud también deja ver la estrategia política que se aplica”.
En contexto. El asambleísta Cléver Jiménez está condenado a 18 meses de prisión, por el delito de injurias en contra del presidente Rafael Correa. En Zamora Chinchipe, su provincia natal, se lo mira como un fiscalizador, aunque también hay voces críticas a su actuación.