Reunión de la Comisión de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Foto: EL COMERCIO
La supresión del aporte desde el Estado del 40% a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue este miércoles 8 de abril del 2015 el epicentro de un intenso debate en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, en Quito.
A esta hora (11:34), la Comisión, presidida por la asambleísta Betty Carrillo (Alianza País), analiza la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar y la propuesta del Gobierno para que el Estado solo cubra las pensiones de los jubilados cuando el IESS, por algún motivo, no cuente con recursos.
Cuando Fausto Cayambe, legislador de Alianza País y defensor de la propuesta gubernamental, indicó que el proyecto de Ley está enfocado en beneficiar a los jubilados de Ecuador, Henry Llanes, asambleísta de oposición alterno de Andrés Páez (Creo), le contestó que si se querían eliminar el 40% del aporte del Estado a las pensiones jubilares, “por qué no lo planteó (el presidente Rafael Correa) en la campaña electoral del 2006“.
Andrés Ponce, director del IESS, también asistió a la reunión y aseguró que las pensiones están garantizadas. El legislador Llanes le planteó varias preguntas, entre ellas que si acaso buscan que la pensión jubilar cubra un déficit en el Presupuesto General del Estado.
En medio de la reunión, el asambleísta Diego Salgado, de Creo y quien no es parte de la delegación, levantó la voz para que se le concediera la palabra. Y, enfático, le indicó a Carrillo que si no se le iba a autorizar que le avisaran.
Cuando se le permitió intervenir, Salgado no perdió la oportunidad para pedir que se hicieran llegar los documentos de que el Gobierno ha pagado la deuda del IESS. Porque, dijo, se quiere negar la deuda.
Ayer, 7 de abril, el vocero de la Secretaría Nacional de Comunicacion (Secom), Stefano Iannuzzelli, señaló que el Gobierno no adeuda rubros a la institución por concepto de las pensiones jubilares y que este pagó más de USD 3 500 millones, hasta diciembre del 2014. Descartó la supuesta deuda de USD 1 700 millones.
Los datos fueron corroborados hoy en la Comisión por el Director del IESS. Y aseguró que esa deuda no existe por concepto del 40% del aporte del Estado para las pensiones jubilares.
Antes de finalizar la sesión, algunos asistentes empezaron a levantarse y Carrillo no perdió la oportunidad para increpar a quienes ocuparon la sala, para pedir que se fijaran bien en quiénes se retiraban, “quienes no quieren escuchar verdades… Cuidado nos olvidemos de los gobiernos que permitieron la muerte de jubilados“.
La Presidenta de la Comisión garantizó que no habrá rebajas de las pensiones y que el Estado está obligado a solventar los montos en caso de que hiciera falta.
A la par, una jubilada gritó: Lo que se ha hecho con la mano, se está borrando con el codo”. Esto, luego de que Carrillo mencionara que en el 2006 había jubilados que recibían mensuales de USD 8.
Cuando los ánimos en la sesión de la Comisión se calmaron, se escuchó la explicación de Mónica Vinueza, asesora del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Ella presentó la justificación del cambio de la tabla de ajustes de pensiones, con base en la inflación del país.
Además, en la Comisión se habló de los aportes del Estado al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), y se justificó la entrega del 60% por parte del Estado a los militares jubilados. La normativa que rige para la institución, según el proyecto de Ley, no cambiará y contempla que los uniformados seguirán recibiendo ese porcentaje. Lo mismo ocurrirá, según la propuesta, con los aportes para los policías.
Carrillo clausuró la sesión invitando a los asambleístas a asistir, mañana jueves 9 de abril, a la Cooperativa Iess-fut, en el sur de Quito, para allí aprobar el informe del proyecto de Ley que se remitirá al Pleno de la Asamblea para segundo debate.
Rectificación a pedido de Valeria Aróstegui, directora de Comunicación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
En la nota publicada el 8 de abril del 2015 en la versión digital titulada ‘Acalorado debate en Comisión de la Asamblea por pensiones jubilares’ cabe una rectificación.
La delegada para asistir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional fue Mónica Vinueza asesora del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y no del Ministerio de Inclusión Social como señala la nota.
