Gobierno exhortó a la Justicia para que prohíba la salida del país de exfuncionarios del gobierno de Correa
Andrés Michelena, secretario Nacional de Comunicación, además, informó que se ha solicitado la prohibición de enajenación de bienes de la familia de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, funcionarios del Gobierno anterior, y de su familia. En la foto,
Andrés Michelena, titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), informó hoy, 21 de octubre del 2018, que el Gobierno ha exhortado a las autoridades de la administración de Justicia para que emitan la prohibición de salida del país a exfuncionarios -altos y medios- del Gobierno del expresidente Rafael Correa.
Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa que ofreció junto a Paúl Granda, secretario nacional de Gestión de la Política, y María Paula Romo, ministra del Interior.
Michelena, además, informó que se ha solicitado la prohibición de enajenación de bienes de la familia de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, funcionarios del Gobierno anterior, y de su familia.
“Se solicitó la prohibición de enajenación de bienes de los señores Fernando Alvarado, Vinicio Alvarado y Carlos Alvarado y de los familiares cercanos, es decir, hemos pedido la prohibición de enajenación de bienes de la familia de los hermanos Alvarado”, dijo Michelena.
Ante las consultas sobre el número de exfuncionarios que estarían implicados en este pedido de prohibición del país y sobre qué pasará si son funcionarios del actual Régimen, Michelena solo respondió que “vamos a solicitar a la Justicia que todos los funcionarios que tienen procesos de investigación sobre delitos ocasionados en el manejo de fondos públicos”.
El Secretario Nacional de Gestión de la Política informó que hay 31 exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa con causas en la Fiscalía.
La Ministra precisó que lo que ha hecho el Gobierno es un exhorto a la Función Judicial para que aplique medidas más fuertes en estos casos.
Según Michelena, la Contraloría General del Estado ha emitido 11 informes con indicios de responsabilidad penal en contra de Alvarado, que incluyen observaciones a los contratos de servicios técnicos y sin justificación para enlaces ciudadanos, asesoría en programas de imagen en Secom, entre otros.
