Autoridades del Gobierno y dirigentes indígenas firmaron el acta de acuerdos de la mesa de seguridad la mañana de este viernes, 30 de septiembre de 2022. Sin embargo, el fondo de reparación integral para los participantes de las protestas causó divergencias.
Las partes llegaron a 33 acuerdos de un total de 36 pedidos de las organizaciones.
“Hemos terminado esta mesa de diálogo número nueve (…). Hemos tenido 36, de los cuales 33 han sido acordados. Tenemos dos puntos a los que no hemos llegado a un punto común y uno que no hubo respuesta. Pero en definitiva es una mesa que ha sido bastante exitosa, debido a la participación de todos, en buena armonía”, expresó Freddy Ramos, viceministro de Seguridad Interior, al finalizar la reunión en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Según el Ministerio de Gobierno, los acuerdos se centran en tres ejes: Seguridad ciudadana con enfoque en Derechos Humanos; Seguridad Ciudadana con enfoque con el derecho a la protesta; y Personas Privadas de la Libertad (PPL).
Por ejemplo, uno de los acuerdos es que se habilitarán mecanismos de participación de las organizaciones en la construcción de políticas públicas, por lo que se receptarán sus aportes.
Punto de divergencia
La viceministra de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Sandra Molina, refirió que el principal punto de divergencia fue sobre el pedido de las organizaciones de crear un fondo de reparación integral para las personas que participaron en las protestas (de 2019 y junio de 2022) y para las víctimas de las masacres en las cárceles.
Según Molina, lo que está al alcance del Gobierno es desplegar los servicios sociales para las personas privadas de libertad. Por lo que se creará un equipo técnico, mediante el que se revise caso por caso.
“Cuando identifiquemos las necesidades de cada uno, se desplegará todo el portafolio de servicios que tiene, principalmente, el gabinete de lo Social. Dentro de ellos, tenemos bonos, créditos, asistencia psicológica, médica. Vamos a desplegar todos los servicios, justamente como un apoyo humanitario y social”, señaló la Viceministra.
En cuanto a la reparación integral como tal, el Ejecutivo no puede proceder sin una decisión del sistema judicial. “No lo podemos hacer hasta que exista una sentencia, un pronunciamiento del Juez, en donde encuentre un responsable y a las víctimas. Hemos dicho que debemos dejar a la justicia terminar los procesos legales para poder reparar, en el caso que así sea la sentencia. Antes de eso no podemos reparar nada”, aclaró Molina.
Por el contrario, Margarita Arotingo, dirigente de la Mujer de Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, declaró que fue “una mesa compleja” donde hubo ausencias de los principales titulares de las instituciones competentes, como la fiscal general, Diana Salazar.
Mostró insatisfacción porque el Gobierno no dio paso a crear el fondo de reparación integral. Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, dijo que no se logró que Fiscalía archive los juicios a dirigentes indígenas. Ambos, puntos centrales para las organizaciones.
“Al no haber acuerdo en estos dos temas concretos, Fiscalía continuará con las investigaciones. Nosotros continuaremos con la defensa, tal como ha sido el caso de Leonidas (Iza) y de un sin número de dirigentes que estamos con indagaciones previas”, expresó Tapia. Son más de 500 casos en etapa de indagación previa y cerca de 34 en instrucción fiscal, añadió.
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