Fiscalización calcula perjuicio de USD 5 000 millones por caso Petrochina

Según Fernando Villavicencio (der.), informes de Petroecuador y de Petroperú confirman que Ecuador perdió aproximadamente USD 3,60 por cada barril de petróleo. Foto: Asamblea Nacional

A cerca de USD 5 000 millones asciende el perjuicio ocasionado por la preventa de petróleo a China durante el Gobierno de Rafael Correa. Así lo determinó un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, este miércoles 30 de marzo de 2022. 

El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (Ind.), quien lideró esta investigación, lo definió como “el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país”. El legislador pidió que el expediente sea aprobado por unanimidad, pero no lo consiguió.  

Al momento de la resolución, los tres asambleístas de la bancada correísta votaron en contra, al igual que Heinz Linares, asambleísta de Creo y alterno de la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero. La socialcristiana Soledad Diab se abstuvo.

Villavicencio usó su voto dirimente como cabeza de la Comisión para lograr que fuese aprobado, con el apoyo de dos legisladores independientes que integran el bloque oficialista y Bruno Segovia, exPachakutik.  

Detalles del expediente  

Villavicencio explicó que el perjuicio se originó entre 2007 y 2008 cuando el Gobierno del expresidente Rafael Correa se propuso acabar con las mafias intermediarias de petróleo y regular el precio, a través de convenios y alianzas estratégicas con China, Venezuela y Uruguay. 

“Esto fue todo lo contrario. El caso Petrochina revela que el Gobierno de Correa fue el gobierno de los intermediarios. Se contrató deuda cara con intereses sobre el 7% y esta deuda fue pagada con petróleo a precios descontados”, señaló. 

Según Villavicencio, informes de Petroecuador y de Petroperú confirman que Ecuador perdió aproximadamente USD 3,60 por cada barril de petróleo, recursos que fueron a parar a intermediarias como Gunvor, Castor, Tauros. 

“Si multiplicamos esta pérdida promedio por el total de barriles adjudicados entre 2009 y 2024, que es 1 325 millones de barriles, tenemos una cifra descomunal de USD 4 771 millones en pérdidas para el Estado ecuatoriano”, afirmó. 

El expediente incluye las delaciones de un exejecutivo de la compañía Gunvor, quien aseguró a la justicia estadounidense que pagó USD 70 millones en sobornos a exfuncionarios del Gobierno de Correa. 

Para este informe, Villavicencio destacó que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso desclasificó información declarada como reservada por Correa y Lenín Moreno. 

Aseveró que Carlos Pólit y Pablo Celi, quienes lideraron la Contraloría y enfrentan procesos penales por corrupción, desvanecieron una glosa de USD 40 millones para beneficiar a la compañía Petrochina y a exgerentes de Petroecuador, en 2016. 

“El término puede ser duro, pero la magnitud del caso, tanto por el volumen de pérdidas, por la magnitud del atentado jurídico en contra del Estado ecuatoriano, todo ello conduce a señalar que el caso Petrochina es, sin duda, el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país”, concluyó Villavicencio. 

Debate  

La aprobación del documento se dio después de varias horas de debate y pedidos de ajustes a última hora. El independiente Pedro Velasco, por ejemplo, mencionó que se debe respetar la presunción de inocencia de las personas y retirar conclusiones categóricas. 

Gabriela Molina, del correísmo, manifestó que “no hay nada nuevo” en este informe y que incluso ya es “cosa juzgada”, pues señaló que las denuncias en Fiscalía y Contraloría están en marcha. Afirmó que el propio presidente Lasso ha determinado que no hubo perjuicio al Estado. 

Villavicencio replicó que las principales autoridades de Petroecuador, Flopec, entre otras, entregaron información oficial para esta investigación que tomó 10 meses. “Lo que diga el presidente Guillermo Lasso es su problema”. 

Sin éxito, Soledad Diab pidió que la aprobación del informe se aplazara por 10 días para presentar sus observaciones. 

Recomendaciones  

El documento será enviado a la Fiscalía General del Estado y también a la Corte de Nueva York para que continúen con las investigaciones sobre esta trama que involucraría a cerca de 100 personas y empresas, incluidos exfuncionarios de Petroecuador, Senplades y representantes de compañías chinas. 

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