20 de August de 2011 00:02

Fiscalía: ¿por casos similares, acusaciones diferentes?

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Por un lado, los funcionarios Lola Maldonado, Luis Carvajal, Elías López y Aníbal Oleas, empleados de la Universidad Nacional de Chimborazo, fueron sancionados con un año de prisión correccional y con el pago de USD 40 de multa. Ellos están acusados de atentar contra la seguridad del Estado. El Tribunal Segundo de lo Penal de la Corte de Justicia de Chimborazo les declaró como coautores del delito de invasión al edificio de la Gobernación.

Mientras que 13 ciudadanos que participaron en la irrupción al edificio de los medios públicos fueron acusados por la Fiscalía por sabotaje y terrorismo. Si bien la Justicia no lleva el caso a juicio, el pedido oficial es que reciban una sanción de entre ocho a 12 años de reclusión, y una multa entre USD87 a 175.

¿Si ambos incidentes significaron el ataque a entidades estatales, por qué las acusaciones son distintas? Santiago Guarderas dice que los abogados ven con preocupación esta contradicción.

Analiza que el Estado de Derecho existe para que haya certeza y no un sistema judicial con sentencias contradictorias, sobre acontecimientos parecidos. Considera que si la Fiscaliza lleva los dos procesos debería existir unidad en las causas.

El ex fiscal Fernando Casares coincide con Guarderas, al expresar su preocupación por los procesos politizados que se han llevado en los casos del 30-S, y sostiene que “el trámite que se ha dado a los sucesos no ha sido el correcto”. Él recurre al artículo 2 del Registro oficial 555, del 24 de marzo del 2009 (que reforma el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal) que dice: “Cuando se hubieran cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, en un mismo lugar o diversos lugares habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el delito más grave”.

Para él, esa norma es la que se debió aplicar, pero la Fiscalía no lo hizo. Por eso –hay diferentes juicios ante diferentes jueces y hechos que podrían ser similares reciben acusaciones distintas.

Por otro lado, el fiscal George Sotomayor, que llevó la investigación de Riobamba, aclara que a los cuatro imputados se les acusó por la toma de la Gobernación y no por sabotaje y terrorismo. Explica que “esta última figura se aplica cuando hay de por medio el uso armas de fuego o bombas molotov. Pero allí no hubo nada”.

Precisamente, para los implicados en la irrupción a Ecuador TV y que ahora son acusados de sabotaje, esta es una muestra de que existen presiones políticas para encontrar chivos expiatorios.

Ramiro Aguilar, abogado de Paúl Camacho, uno de los implicados, considera que el abismo entre las dos acusaciones se da porque la toma de la Gobernación de Chimborazo “no tuvo el efecto mediático que tuvo la irrupción en el canal público”.

Analiza que desde la óptica del Gobierno, sancionar a quienes se tomaron la Gobernación no es tan importante como sancionar a quienes salieron en la televisión retando el poder del Presidente.

“El Gobierno está usando los juicios como una especie de azote y quiere acosar a quienes se opusieron”. Por ahora los acusados preparan su defensa, están a la espera de que el juez quinto de Garantías Penales, Raúl Martínez, los llame a juicio.

“La Fiscalía no tiene ninguna prueba sólida para justificar esta grave acusación”, dice Aguilar.

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