Exfuncionarios de Lasso y UNE envían escritos a la Corte Constitucional por decreto ley
Edificio de la Corte Constitucional, en la calle José Tamayo, en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.
Aparicio Caicedo y Fabián Pozo, exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso, y la Unión Nacional de Educadores (UNE) remitieron escritos a la Corte Constitucional. Lo hicieron con posturas encontradas sobre el primer decreto-ley emitido por el Presidente, tras la muerte cruzada.
Los documentos fueron remitidos como amicus curiae, a propósito de la audiencia convocada por la Corte para el próximo 6 de junio, a las 10:00. A este organismo le corresponde emitir un dictamen favorable sobre el mecanismo con el que el Gobierno promete reducir impuestos a la clase media.
Aparicio Caicedo, exconsejero presidencial y Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, suscriben como parte de Ecuador Libre. En el escrito, argumentan que "la calificación de urgencia económica es una facultad exclusiva del Ejecutivo".
Los exfuncionarios subrayan que "la Corte Constitucional no debe examinar la calificación de urgencia económica de un proyecto, sino su constitucionalidad". Además sugieren a la "mera razonabilidad" como un estándar aplicable al control previo de constitucionalidad tras la aplicación de la muerte cruzada.
"Únicamente (la Corte) debe analizar si se encuentra debidamente argumentado en torno al problema jurídico y fáctico que enuncia, y si las medidas que adopta para atenderlo expresan una razonabilidad suficiente", aducen.
"Cuando la propia Constitución ha asignado la total responsabilidad del Ejecutivo sobre los asuntos económicos de la Administración Pública, es éste quien se encuentra en posición de conocer y expresar los hechos económicos y de política económica que motivan el acto normativo. La Corte no se encuentra en similar posición que le permita convertirse en un examinador de hechos", puntualizan.
Preocupación en maestros
En la Unión Nacional de Educadores (UNE), en cambio, hay preocupación. En un escrito con varias faltas de ortografía la presidenta del gremio, Isabel Vargas, expuso su preocupación de que este decreto-ley pueda repercutir en el financiamiento del incremento salarial a los docentes.
La Corte pidió al presidente Guillermo Lasso que justifique el decreto-ley. Además lo convocó a la audiencia que tendrá lugar el próximo martes. Sin embargo, el organismo no tiene un plazo definido para resolver.
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