El exdefensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, demandó al Estado en la CIDH por las evaluaciones del Consejo de Participación transitorio

Por unanimidad, con siete votos, el Cpccs transitorio aprobó una resolución con la que se cesó al defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira por un incumplimiento de funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Por unanimidad, con siete votos, el Cpccs transitorio aprobó una resolución con la que se cesó al defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira por un incumplimiento de funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Cpccs transitorio aprobó una resolución con la que se cesó al defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira por un incumplimiento de funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El exdefensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, interpuso una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado ecuatoriano. El funcionario cuestiona su cese anticipado, tras el proceso de evaluación que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, encabezado por Julio César Trujillo.

Este jueves, 4 de octubre del 2018, se conoció que Rivadeneira presentó la demanda, aduciendo que fue destituido por no someterse al proceso de evaluación a su gestión, que inició el Consejo de Participación hace cinco meses.

Según Rivadeneira, el Cpccs transitorio ejecutó “una purga de instituciones públicas, sin el debido proceso”. El exfuncionario aseveró en una misiva que “se generó una instancia de depuración, enmascarada de evaluación, para que bajo un nuevo gobierno se proveyeran los cargos de todos los organismos estratégicos del Estado”.

Hasta el 5 de octubre de este año la CIDH efectuará su periodo 169 de sesiones en Boulder, Estados Unidos. Trascendió que la Comisión Interamericana recibió el caso y lo revisará, según las normas que dicta su reglamento.

Este es el segundo proceso que se presenta en la CIDH relacionado al Consejo de Participación Ciudadana. En enero pasado, Edwin Jarrín, exvicepresidente del Cpccs cesado, también presentó un recurso, en el que se intentó evitar que se lleve a cabo la Consulta Popular y Referendo, que terminó cesando a los cinco consejeros del anterior Consejo de Participación.

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