El 22 de julio del 2020, María Alejandra Muñoz fue posesionada en el Parlamento. Foto: cortesía
La relación entre el Ejecutivo y la Asamblea estuvo marcada por momentos de tensión este 2020. La cercanía de las elecciones hizo que incluso legisladores oficialistas marcaran distancias con Carondelet.
Los desencuentros entre los dos poderes alcanzaron su punto más alto el 24 de noviembre pasado, cuando con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones el Pleno destituyó a María Paula Romo del Ministerio de Gobierno.
Romo era la principal operadora política del Ejecutivo. Fue censurada por su actuación en las protestas de octubre de 2019, aunque ella lo tomó como una “condecoración” de un Parlamento desprestigiado.
En el oficialismo, Alianza País (AP) nunca logró consensuar una postura para sostener a Romo. En el último semestre de este año, el oficialismo sufrió un nuevo desgrane de por lo menos seis legisladores.
A eso se sumó la renuncia de Ximena Peña a la coordinación del bloque oficialista, el 17 de julio, llamando a sus colegas “a tomar una posición firme ante reiteradas decisiones del Ejecutivo no consultadas”.
La renuncia de Peña como jefa de bancada se dio el mismo día en que el Pleno designó a María Alejandra Muñoz como la cuarta vicepresidenta del gobierno de Moreno, un hecho inédito en la historia republicana. Muñoz reemplazó a Otto Sonnenholzner, quien renunció para armar un “camino democrático”, según dijo, lo que se interpretaba como una candidatura presidencial, hecho que al final no se consumó.
Esa designación mostró la brecha entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues la terna para la Vicepresidencia la encabezaba María Paula Romo.
Otro capítulo tenso se dio en los meses de mayo y junio, en el trámite de dos proyectos urgentes en materia económica: la Ley de Apoyo Humanitario por la crisis del covid-19 y la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Si bien ambas fueron aprobadas, la Asamblea lo hizo en los plazos máximos que tenía y, para asegurarse los votos para la Ley Humanitaria, el Ejecutivo se vio forzado a retirar un capítulo completo sobre contribuciones de empleados y empresas, aunque mantuvo mecanismos de flexibilidad laboral, que eran duramente cuestionados por sindicatos.
El apoyo de Creo, el Bloque de Integración Nacional (BIN) y varios asambleístas independientes, además de un fraccionado bloque de AP, fue clave para que las propuestas del Ejecutivo no vayan al archivo.
En septiembre, el Ejecutivo vetó por completo el proyecto de Código de la Salud, aprobado después de ocho años de análisis por la Asamblea. En cambio, no objetó las reformas a la Ley Legislativa.
Solo el 15 de diciembre pasado ocurrió “un alineamiento de los astros” -como lo dijo el presidente Lenín Moreno– para los dos poderes, cuando el Pleno con 127 votos aprobó la reforma penal en materia anticorrupción.
La decisión, que se dio en vísperas de la vacancia legislativa, allanó el camino para que el FMI entregara un desembolso de USD 2 000 millones al país. Los recursos eran urgentes para cubrir, entre otras, deudas del Estado y hasta el pago de décimos a los servidores públicos, incluidos los miembros de la Asamblea.
