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El Ejecutivo y Asamblea miden fuerzas en las primeras leyes

El Pleno sesionó ayer, 2 de julio del 2021, para tramitar el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para combatir el contrabando. Foto: cortesía Asamblea

Los vetos del Ejecutivo a cinco leyes aprobadas en la anterior Legislatura y el proyecto de Ley de Libertad de Expresión empiezan a configurar el escenario que tendrá el presidente Guillermo Lasso para el trámite de sus propuestas.

En el caso del texto con el que se busca derogar un 90% de la Ley Orgánica de Comunicación, que el Jefe de Estado envió al Parlamento un día después de asumir el poder, el Parlamento se tomó 34 días para admitirla a trámite.

El documento fue calificado el lunes 28 de junio del 2021 por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales, que encabeza el coordinador del oficialista Creo, Juan Fernando Flores.

El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), argumentó que el texto tiene que ver con instrumentos universales, pese a que en la anterior Legislatura, todo lo correspondiente a comunicación se había tratado en la Comisión especializada de los Derechos Colectivos, que ahora es presidida por José Cabascango, de Pachakutik.

La decisión se tomó con cinco votos a favor, entre ellos el de Saquicela, quien es parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo y asambleístas independientes. No estuvo la presidenta Guadalupe Llori, una de dos representantes de Pachakutik.

El correísta Ronny Aleaga, tercer vocal del CAL, votó en contra y anunció que acudirá a la Corte Constitucional. “Es una ley que trata de dos materias: administrativa y penal, y eso no se puede, las leyes deben ser solo sobre una materia. Mi postura fue que la devuelvan al Ejecutivo”, dijo.

Antes de que el texto fuera calificado por el CAL, la mesa de Derechos Colectivos organizó sesiones previas con agrupaciones de medios comunitarios y dirigentes de la Conaie críticos a la propuesta.

Flores manifestó que la Comisión avocará conocimiento del texto la próxima semana y que, a la par, requerirá que el CAL tome una resolución sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación.

La propuesta fue presentada el 17 de junio pasado por los asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio (Ind.), con base en los aportes de organizaciones sociales.

“La idea es que la pasen a la Comisión porque van en el mismo sentido. Así, en vez de tratar dos leyes a destiempo, unificamos y trabajamos un solo proyecto”, dijo Flores.

Además, anunció que para este mes el Ejecutivo alista el envío de propuestas de reformas en materia de educación, trabajo y tributos.

En el último mes y medio, Lasso remitió a la Asamblea sus objeciones parciales a la Ley de Violencia Digital, a las reformas a la Ley de Tránsito, a la Ley para combatir el contrabando y la Ley de Economía Circular. Esta última tiene un componente ambiental.

Los cuatro cuerpos legales fueron parte de un paquete de ocho que aprobó la anterior Legislatura tres semanas antes de terminar su mandato. En el caso de la reforma a la Ley de la Seguridad Social, con la que se pretendía cambiar la composición del Directorio del IESS, Lasso aplicó el veto total.

Hasta ahora, la Asamblea se ha allanado a la mayoría de las objeciones hechas por Lasso. Ayer, 2 de julio, el Pleno no logró los 90 votos para ratificarse en varios artículos vetados por Lasso a la Ley para reforzar la prevención y combate al contrabando, entre ellos unos relacionados con las sanciones. Mientras tanto, el Pleno resolverá este martes 6 de julio las objeciones a las reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía y Fuerzas Armadas.

El director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, dice que se trata de “dinámicas que son normales en un Estado democrático”.

La directora del Instituto Legislativo, Libia Rivas, dice que la coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea es clave para reducir al mínimo los vetos.

“Una de las estrategias para reducir la posibilidad de veto es consensuar previamente con el Ejecutivo de tal forma que los vetos, primero no sean totales y, si son parciales, sean los justos y necesarios”, señaló.

¿Quién se encargará de esta tarea desde Carondelet? “La Secretaría Jurídica de la Presidencia es la que filtra todas las leyes, todos los documentos para que cumplan con todos los rigores de la ley”, dice Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación.