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El orden de interpelaciones pone a prueba a las bancadas legislativas

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional notificó ayer de su proceso al Contralor, Pablo Celi. Foto: cortesía

El arranque del juicio político contra el contralor subrogante, Pablo Celi, puso a prueba la cohesión de las bancadas legislativas. Desde ayer, 1 de julio del 2021, corren los 15 días para la fase de pruebas de cargo y de descargo.

Si bien en la Comisión de Fiscalización hubo unanimidad para calificar este proceso, en las bancadas de Pachakutik, la Izquierda Democrática (ID) y Creo se evidenció división para que priorice un pedido de interpelación contra el exministro de Energía, René Ortiz.

Anoche, el Pleno tenía previsto debatir el informe en el que dicha Comisión recomendó el archivo del expediente de Ortiz, debido a que habían precluido los plazos, lo que allanaba el proceso contra Celi.

Llori se reunió en su despacho con el procurador General, Íñigo Salvador, después de que este le entregara un proyecto de Ley de Repetición en caso de indemnizaciones.

“Estamos conversando sobre posibles salidas legales”, dijo Salvador. El funcionario ratificó que la crisis de la Contraloría amerita una salida política, postura similar a la de la fiscal General, Diana Salazar.

En menos de una semana, hubo dos pronunciamientos de Llori. En el último, que se difundió el miércoles 30 de junio, insistió por “la continuidad del juicio político al exministro Ortiz”, calificado antes que el de Celi.

Aunque su coideario de Pachakutik, Salvador Quishpe, dijo que respalda que se priorice el caso del Contralor, condicionó que el Pleno no autorice el archivo del expediente contra Ortiz, un caso en el que hace una semana fue nombrado como interpelante, junto con Luis Almeida (PSC), en reemplazo de dos exlegisladores que plantearon el proceso.

El coordinador de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, dijo que el bloque esperaba consensuar una postura. “Nosotros tenemos que realizar todas nuestras acciones siempre pensando en el debido proceso”, señaló Jaramillo.

La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo y asambleístas independientes, tenía programada una reunión con sus representantes en la Comisión de Fiscalización, dos horas antes de que se instale la sesión del Pleno.

Dos días antes, Nathalie Arias, vocal del CAL e integrante de este bloque, acudió con una advertencia: “Es importante que no atropellemos el proceso y de esa manera se pueda dar garantías de que se respeta el debido proceso”.

Los 15 días para la presentación de pruebas en el juicio político contra Celi, empezaron a correr desde ayer. El funcionario fue notificado por la secretaria de la Comisión de Fiscalización, Sharon Jiménez, quien acudió hasta la cárcel 4 donde permanece recluido desde el 13 de abril, por supuesta delincuencia organizada.

“Se pudo evidenciar que estaba esperando recibir la documentación, no tuvimos ningún inconveniente y hemos recibido su firma”, indicó Jiménez.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), anunció que pedirá la comparecencia de Celi, de Carlos Pólit, quien le antecedió en el cargo, de auditores de la Contraloría, y exfiscales.

Villavicencio dijo que en menos de 30 días Celi será censurado y destituido, “si hay voluntad política” de la Comisión y del Pleno de la Asamblea. Si eso ocurre, no podrá volver a ejercer cargos por dos años.

El legislador señaló que no habrá marcha atrás, pese a que hasta el cierre de esta edición no se conocía la resolución del Pleno.

“La Comisión ha decidido el inicio del juicio político en contra de Pablo Celi. Si el Pleno resuelve que el juicio político en contra de René Ortiz tiene que volver a la Comisión pues vuelve a la cola”, dijo.

La postura fue respaldada por los asambleístas Bruno Segovia, de Pachakutik, y Marco Troya, del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN), quienes son parte de la Comisión. El correísmo y el PSC también respaldaron la postura de esta mesa parlamentaria.

El 14 de julio pasado, el propio Celi había presentado a la Corte Constitucional una acción de dirimencia de competencias, luego de que dirigentes de Fuerza Compromiso Social ingresaran un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pidiendo su destitución por una supuesta infracción electoral grave.

El recurso aún no tiene una respuesta. La Corte Constitucional explicó a este Diario que “la ley no contempla un plazo determinado para resolver una causa de este tipo”.

Tampoco se adelantaron criterios sobre la idea del Procurador de que el Cpccs requiera a este organismo que “module” el dictamen con el que hace dos años blindó las decisiones del Consejo transitorio, entre ellas, una que prorrogó a Celi como contralor subrogante hasta marzo de 2022.

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