El juez electoral Guillermo Ortega concluyó la audiencia oral única de prueba y alegatos en el proceso tras la denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld contra la vicepresidenta Verónica Abad, en la que se alega violencia política de género debido a declaraciones que, según la denunciante, buscaban obstaculizar el ejercicio de su cargo.
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El magistrado convocó a esta audiencia luego de declarar la nulidad de la sesión anterior, realizada el 5 de febrero. La decisión respondió a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa de las partes involucradas en el proceso.
Postura de la parte denunciante contra Verónica Abad por violencia política de género
Jaime Dousdebes, abogado de la canciller Sommerfeld, argumentó que el caso debe marcar un precedente en la protección de los derechos políticos de las mujeres. Según su intervención, las declaraciones de la vicepresidenta configuran un patrón de violencia política de género dentro de la función pública.
Entre los elementos presentados, destacó la repercusión mediática de los insultos y las acusaciones dirigidas a la canciller. Afirmó que este tipo de agresiones no solo afectan la imagen de la funcionaria, sino que también condicionan su desempeño en el cargo.
Dousdebes mencionó que el artículo 279 del Código de la Democracia contempla sanciones ante este tipo de vulneraciones. Además, solicitó que la vicepresidenta emita disculpas públicas como parte de una posible resolución del caso.
Argumentos de la defensa de Verónica Abad
Domenique Dávila, abogada de la vicepresidenta, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en la audiencia. Explicó que el material audiovisual carece de cadena de custodia y señaló que no existe certeza sobre su autenticidad.
Otra de las objeciones de la defensa fue la falta de sustentación de la denuncia. Damián Álvarez, también representante legal de Abad, aseguró que no se demostró un perjuicio directo a la canciller Sommerfeld.
En su intervención, Álvarez manifestó que las pruebas documentales deben ser excluidas del proceso. Argumentó que estas no cumplen con los criterios de pertinencia, utilidad y conducencia requeridos para sostener la acusación.
El juez Ortega, tras escuchar los alegatos de ambas partes, anunció que analizará los elementos presentados antes de emitir una resolución. La decisión judicial será clave para determinar si se configuró un caso de violencia política de género en el ámbito de la alta función pública.
