Una demanda contra Correa en la Corte Penal Internacional es inviable: asesor de gobierno

La demanda anunciada por opositores contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional (CPI) , por crímenes de lesa humanidad, no cumple los requisitos para ser admitida, dijo ayer un asesor jurídico de la cancillería.

“El caso relacionado con el 30 de septiembre no reúne los requisitos de admisibilidad ante la CPI”, señaló Marco Albuja al periódico digital de la Presidencia.

El pasado lunes, opositores como el congresista Cléver Jiménez anunciaron que demandarán a Correa ante la CPI por delitos de lesa humanidad, a raíz de una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010 que dejó varios muertos y heridos, y que el mandatario denunció como un intento de golpe de Estado.

Según Jiménez, que previamente denunció al gobernante ante la Fiscalía ecuatoriana, éste cometió el crimen de “agresión armada” de las Fuerzas Militares, derivado de su orden de “atacar” un hospital policial en Quito durante la sublevación.

Albuja indicó que la CPI es un órgano complementario a las jurisdicciones penales nacionales, por lo que “funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos delictivos”.

En el caso ecuatoriano, el Estado ha iniciado 14 procesos judiciales por la insurrección policial, añadió, apuntando que los acusadores podrían entregar información al fiscal de la CPI con miras a que inicie una investigación preliminar.

Pero anotó que si hubiera una “acusación maliciosa o pruebas forjadas”, será la justicia local la que enjuicie a los falsos imputadores.

El 30 de septiembre de 2010 cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial, llegando, según las Fuerzas Armadas, a retener a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.

Correa fue rescatado horas después en un operativo militar que dejó cinco muertos en los alrededores del centro médico y en el que, asegura, los soldados fueron recibidos a tiros por los sublevados, incluidos francotiradores.

Otras cinco personas fallecieron en Guayaquil (suroeste) durante saqueos que se desataron por la ausencia policial, según el ministerio de Salud.

El gobernante denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo. En medio de la revuelta, Jiménez pidió la renuncia de Correa.

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