Defensora Rovira defiende informe de octubre del 2019, al margen de Freddy Carrión
Zaida Rovira asumió como Defensora del Pueblo (s). Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El documento tiene 272 páginas. Está vigente dos meses y allí se detalla cómo en el paro de octubre del 2019, las fuerzas del orden perpetraron un posible delito de lesa humanidad.
Es un informe que levantó una comisión que conformó la Defensoría del Pueblo.
Hoy su titular, Freddy Carrión, está recluido en la Cárcel 4 por posible abuso sexual y el análisis sobre lo ocurrido en las manifestaciones en contra de las medidas es cuestionado.
Apenas posesionada como defensora subrogante, Zaida Rovira aclaró que como institución ratifica el informe y que respalda todo lo allí expuesto.
“Las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ataque generalizado en contra de la población y que conduzcan el estudio de un posible crimen de lesa humanidad”, aseguraron los comisionados.
Por esos hechos, en este momento también pesa una denuncia en contra del presidente Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno, María Paula Romo; del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Además, se señaló a otras autoridades del Estado, incluida la cúpula policial que entonces emitió órdenes para enfrentar las movilizaciones en el país.
La Fiscalía inició el proceso, llamó a Carrión para el reconocimiento de la firma y el personal de la Defensoría dice que después no se han registrado más diligencias judiciales.
El Código Integral Penal (artículo 89) sanciona con cárcel de entre 26 y 30 años a los responsables de este ilícito.
Rovira habló con este Diario y sostuvo que el trabajo realizado institucionalmente en torno a los sucesos de octubre continuará. “No se pueden mezclar los procesos iniciados por esta entidad con la investigación que enfrenta Carrión”.
El exvicepresidente de la República Alberto Dahik relacionó el informe con el incidente registrado el fin de semana entre el Defensor, el exministro de Salud Mauro Falconí y una mujer. “Él es quien produjo el documento para lastimar a la fuerza pública y favorecer protervos intereses políticos”.
La exministra Romo, en cambio, aseguró ayer lo siguiente: “Los acontecimientos hablan por sí solos. El informe no tiene un sustento legal”.
Sybel Martínez presidió el grupo que analizó los hechos de octubre. Tras lo ocurrido con Carrión pidió no confundir el “trabajo técnico que tomó más de un año”, para establecer lo sucedido en el paro.
“Hubo una conducta inapropiada y reprochable de un funcionario público, él no tuvo injerencia ni participación alguna (en la elaboración del documento)”, manifestó.
El análisis concluye que durante las manifestaciones en contra de Moreno se registraron seis ejecuciones extrajudiciales y señala como perpetradores a agentes estatales.
Según el informe de la Comisión, el Estado ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal”. Dijo que lo ocurrido tiene un impacto directo sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.
El trabajo para levantar este informe comenzó el 21 de noviembre del 2019. Desde entonces se recogieron 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Luego de conocer estos detalles, las Fuerzas Armadas aseguraron que el documento es subjetivo, errado y sesgado.
“Los hechos violentos pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de los ecuatorianos”, señalaron.
Ahora, dos legisladores también advirtieron la necesidad de iniciar un proceso de enjuiciamiento político y sanción contra Freddy Carrión.
Para el penalista Pablo Encalada, no se puede nulitar el informe. “Lo que hacen las autoridades es representar a las instituciones. Carrión no presentó la denuncia contra Moreno y otros de manera personal, sino como representante de la Defensoría. Nada tiene que ver eso con los actos por los que podría ser procesado”.
