La promulgación de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como ‘Ley Antipillos’, por parte del presidente Daniel Noboa, desató un enfrentamiento institucional.
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Publicada en el Registro Oficial el 10 de diciembre, esta norma fue adoptada luego de que el Ejecutivo argumentara que el Legislativo no resolvió su trámite en el plazo constitucional.
Sin embargo, el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, calificó la medida como un ‘apagón jurídico’. Asimismo, indicó que el proyecto había sido negado y archivado en un primer debate legislativo, lo que, según él, invalida su promulgación.
Asamblea cuestionó legalidad de la publicación de ‘Ley Antipillos’
Desde la Asamblea, se cuestionó la legalidad del decreto, argumentando que viola el principio de separación de poderes establecidos en el artículo 140 de la Constitución. Muñoz subrayó que el archivo del proyecto tiene plena validez jurídica.
Además, señaló irregularidades en la actuación del Ejecutivo, que solicitó una certificación sobre el estado del proyecto y, horas después, promulgó la norma sin esperar respuesta. Este acto, dijo, refleja una falta de respeto al marco jurídico.
Ante esta situación, la Asamblea anunció acciones legales para enfrentar lo que consideran una inconstitucionalidad. Se analiza la presentación de una demanda ante la Corte Constitucional y una posible acción penal contra el Ejecutivo por arrogación de funciones.
Roce entre Daniel Noboa y Legislativo por la ‘Ley Antipillos’
El debate sobre la publicación de la ‘Ley Antipillos’ ha generado una controversia jurídica entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esteban Ron, especialista en derecho constitucional, señaló que el Gobierno fundamenta su postura en el principio de supremacía constitucional.
Según el artículo 137 de la Carta Magna, las leyes deben tratarse en dos debates, siendo este un requisito ineludible. Además, Ron destacó otros principios como la jerarquía normativa y la aplicación directa de la Constitución, que fortalecen la posición del Ejecutivo de considerar publicada la ley tras el vencimiento del plazo.
Un conflicto para la Corte Constitucional
Ron indicó que, a pesar de la invocación de los artículos 60 y 61 de la LOFL por parte de la Asamblea, estos podrían ser considerados inconstitucionales.
El especialista explicó que la contradicción entre la Constitución y la LOFL podría resolverse con herramientas como una acción de interpretación constitucional.
Añadió que, si bien en ocasiones anteriores leyes han sido archivadas en el primer debate, este caso marca la primera vez que se enfrenta un conflicto de este tipo bajo el esquema de control abstracto constitucional en Ecuador.
Para Ron, los artículos 424 y siguientes de la Constitución ofrecen fundamentos para sostener la posición del Ejecutivo. Estos artículos refuerzan principios como la supremacía constitucional, la obligatoriedad de dos debates legislativos y la jerarquía normativa.
Además, Ron destacó que la resolución de este conflicto debe recaer en la Corte Constitucional, que podría decidir mediante una acción interpretativa. Este sería un paso clave para determinar la validez de la publicación de la ley y resolver esta inédita antinomia jurídica.
Dos posturas de interpretación
Por su parte, Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que existen dos posturas principales. El Ejecutivo sostuvo que si una ley económica urgente no es aprobada ni rechazada en el plazo estipulado, se entiende publicada.
La segunda, defendida por la Asamblea, se basa en el artículo 60 de la LOFL, que permite archivar proyectos en el primer debate. Según Guarango, esta normativa tiene presunción de constitucionalidad y no se puede ignorar mientras no la declaren inconstitucional.
Guarango subrayó que este conflicto no puede analizarse únicamente desde la Constitución, ya que las leyes orgánicas son parte del ordenamiento jurídico. Afirmó que un análisis sistemático que considere tanto la Carta Magna como la LOFL permite concluir que la Asamblea podía archivar la ley en el primer debate.
Este enfoque, según Guarango, respalda la decisión de la Asamblea y pone en duda la validez de la publicación de la ‘Ley Antipillos’.
