La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció este martes 10 de diciembre de 2024, la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
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Esto en respuesta a la publicación de la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos en el Registro Oficial. Una norma enviada por la Función Ejecutiva que, según el comunicado del Legislativo, no cumplió con las formalidades legales establecidas.
El comunicado también condena que tanto la Corte Constitucional como el Registro Oficial permitieran esta acción, calificándola como una vulneración al equilibrio de poderes y a la institucionalidad del país.
Por ello, se anunció la adopción de acciones penales contra el máximo representante del Registro Oficial, responsabilizándolo de lo que consideran una acción ilegal.
Violación al procedimiento legislativo, según la Asamblea Nacional
Desde la Asamblea Nacional se enfatiza que este proyecto de ley ya había sido tratado, negado y archivado por el Legislativo, lo que vuelve inconstitucional su reenvío mediante el Ministerio de la Ley.
Además, recalcan que la publicación de la norma en el Registro Oficial se realizó sin contar con la certificación requerida por parte de la Asamblea, un paso indispensable para la legalidad del procedimiento.
El organismo legislativo sostiene que estas irregularidades no solo atentan contra la Constitución, sino que también afectan a la confianza ciudadana en las instituciones.
En este sentido, ratificaron su compromiso de velar por el respeto al marco legal y de rechazar cualquier intento de imposición de impuestos.
Defensa de los intereses ciudadanos
La Asamblea Nacional reiteró su posición de proteger los derechos del pueblo ecuatoriano frente a las presiones de organismos internacionales como el FMI. En el comunicado, señalan que la Ley para la Mejora Recaudatoria responde a intereses externos que no consideran la situación económica de las familias ecuatorianas.
Finalmente, Viviana Veloz afirmó que la principal responsabilidad del Legislativo es garantizar que no se aprueben normas que perjudiquen a la ciudadanía. Además, hizo un llamado a las instituciones del Estado a respetar la separación de poderes y a actuar dentro del marco jurídico establecido.
