En estas dos semanas, el presidente Rafael Correa ha señalado con insistencia que Alianza País vive una crisis interna. Esta, a su juicio, se constató luego del “revés” electoral en ciudades estratégicas como Quito, Cuenca y la mayoría de capitales de provincia.
Y como Alianza País está en crisis, será difícil que él como Mandatario cuente con un relevo que le garantice un triunfo electoral en el 2017. En consecuencia, plantea pensar en el cambio constitucional, para permitir la reelección más allá de un segundo período.
La lectura que hace el Mandatario no solo es importante porque se convertirá en el tema político del año. Sino que por causa de los problemas internos por los que atraviesa su agrupación política, se abre nuevamente el debate de la reforma institucional del Estado.
Tanto Correa como las principales voces del oficialismo aseguran que todas las mejores que, a su criterio, ha vivido el Ecuador no pueden dar marcha atrás. Y que por eso, la re-reelección es un tema que incumbe a toda la sociedad.
Hasta el momento se ha dado solo un primer paso: el interés de Correa, de Alianza País y de fuerzas aliadas como los socialistas porque la reforma entre en discusión. Lo siguiente serán los cómos.
Aparentemente, la vía para lograrlo parece ser un apecto secundario, sujeto a una mera estrategia política: cambiar la Constitución vía reforma en la Asamblea o hacerlo a través de un referendo popular.
Sin embargo, tomar esta decisión es quizás la parte medular de toda esta discusión.
Si el cambio se da desde la Asamblea (a través de la aproblación en el Pleno de un proyecto sujeto a dos debates con un candado de por medio), significará que el debate de la reelección, debe entenderse únicamente como una enmienda constitucional.
Pero si la decisión es hacerlo a través de un referendo popular, significará entonces que lo que está en marcha es una reforma estructural de la Carta Política. Es decir, de los cimientos propios del Estado.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, señala que no será una atribución de los legisladores escoger la ruta de este cambio. “La tarea le corresponde a la Corte Constitucional”. Si esos jueces plantean la enmienda, actuará la Asamblea. Caso contrario, será el pueblo el que tendrá que pronunciarse en las urnas.
Esta legisladora está consciente de que el debate que se avecina, “seguramente desde finales de marzo”, es complejo y conlleva sus riesgos.
Uno de ellos, precisamente, es que la opinión pública compreda que lo que Alianza País busca es cambiar las reglas institucionales del Ecuador, básicamente para garantizar la continuidad política de una agrupación que ha recibido el reconocimiento del pueblo. Por eso, Alvarado insiste en llevar este debate en función de los resultados -a su juicio positivos- que ha dado el proyecto de la revolución ciudadana. Desde esa óptica, se puede comprender porqué es necesario insistir en el cambio constitucional.
“Las democracias están abiertas a estas discusiones. Y es el pueblo, en última instancia, el que tiene la última palabra para decidir si sigue o no adelante un modelo político”.
El excandidato a Alcalde de Quito y constitucionalista, Milton Castillo considera que el oficialismo está “forzando a las instituciones del Estado” para proteger a Alianza País. “Correa está actuando como un caudillo, pues mira al país y a su organización política como un todo, al cual hay que darle una permanente legitimación en las urnas”.
Desde este punto de vista, la posición que toma el oficialismo, de zanjar todo conflicto político con el voto popular, no es fortalecer la democracia. “El respeto institucional implica acatar las reglas del juego y cumplirlas nos guste o no. ¿Acaso de la mano de este debate, Alianza País se va a comprometer, por ejemplo, a replantear las leyes electorales para evitar que el Presidente se benificie de la estructura del Estado para hacer campaña por sus tesis y su movimiento? ¿Esta reforma constitucional va también a poner sobre la mesa temas delicados como el equlibrio de poderes y la alternancia en los organismos de control los próximos años?”.
Alvarado está abierta a analizar estos temas, pues considera que la discusión apenas ha comenzado. “Vamos a hablar de la reelección para todas las autoridades, incluida la del señor (Jaime) Nebot. Y tampoco hemos dicho que se aprobará una reelección indefinida; a lo mejor es solo un período más”.
La posibilidad de que la reelección solo sea hasta el 2021, confirma en parte la tesis de que Alianza País necesita más tiempo para su reestructación. El propio Correa, en la entrevista que mantuvo el jueves, 6 de marzo, en TC Televisión, dijo que sin una verdadera base política organizada, los varios líderes que, a su juicio, ha generado la revolución ciudadana, no podría garantizar el trunfo.
Por eso Alvarado repasa el calendario: “en dos años más estaremos iniciando la campaña presidencial; la discusión entonces se vuelve necesaria”.
En un estudio académico, que en el 2012 elaboró el catedrático de la Flacso, Simón Pachano, se planteaba una ecuación dramática para Alianza País en su conjunto: “RC-R’C’=0”. Es decir que sin Correa, el proyecto de revolución ciudadana tendrá problemas para sostenerse en el tiempo. La tesis de Pachano se enmarca en el ejercicio personalista del poder por parte su principal líder. Desde esta lógica, la reelección de Correa se convertiría en el camino de Alianza País para su continuidad.