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En junio del 2018 Eliana Molineros, veterinaria de profesión, recibió por primera vez a un ocelote herido. Con cautela, le dio los cuidados necesarios y lo puso a buen recaudo. Fue entonces cuando, junto con otros profesionales, decidió crear una fundación para conservar la fauna silvestre.
En septiembre pasado, Proyecto Sacha obtuvo su personería jurídica en el Ministerio del Ambiente. Hace unos días, la organización, que tiene su base en Guayaquil, se hizo conocer masivamente porque atendió a un tigrillo cachorro que fue herido a machetazos. Hasta ahora ha atendido a 580 animales silvestres.
Nueve meses demoró la aprobación de su fundación. “El decreto emitido por Lenín Moreno permite crear una asociación con más facilidad”, dijo Mario Graber, el abogado que tramitó el Proyecto Sacha. Esa agilidad ha hecho que, entre octubre del 2017 y noviembre de este año, el número de organizaciones sociales legalizadas creciera en un 79%.
Esta ebullición de agrupaciones no gubernamentales coincide con la vigencia del Decreto 193, que dejó sin efecto otros dos, los decretos 16 y 739, que establecían mayores controles a estos grupos.
Con esos instrumentos legales, instaurados en el correísmo, se disolvieron entidades como la Fundación Pachamama o la Unión Nacional de Educadores (UNE). Hasta antes de que se eliminaran estos decretos, al final del gobierno de Correa, existían 35 569 organizaciones de este tipo.
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La normativa vigente, oficializada cinco meses después de que iniciara funciones el presidente Lenín Moreno, estableció un nuevo reglamento para otorgar personería jurídica a tres tipos de organizaciones: corporaciones, fundaciones y otras formas de organizaciones nacionales o extranjeras.
La Fundación Pachamama tuvo que esperar un año para que se le restituya su personería. Benito Bonilla, miembro del grupo, recordó que por cuestiones políticas en el correísmo muchas organizaciones fueron eliminadas y su trabajo estuvo limitado.
El activista cree que la actual normativa aún mantiene las causales por las cuales las organizaciones podrían ser disueltas. Por ejemplo, dice, que se alejen de los fines para las que fueron creadas. “¿Quién determina cómo una organización se aleja de su misión? ”.
De la misma forma, Bonilla cree que el decreto permite que incluso haya organizaciones que apoyan al correísmo y que se han beneficiado porque prevalece el derecho a la asociación. “Si el decreto permite el nacimiento de las ONG y otras organizaciones, por supuesto que los correístas pueden ampararse en él”.
Desde septiembre pasado, la Secretaría de Derechos Humanos asumió el manejo del Sistema Único de Información de Organizaciones Sociales (Suios). Antes, esta tarea estuvo a cargo de la extinta Secretaría de Gestión Política.
Según datos remitidos por Derechos Humanos, en los dos últimos años se registraron 28 184 nuevas organizaciones, todas con personería jurídica.
Fundación Pachamama tuvo que tramitar nuevamente su personería jurídica en el país. Foto: EL COMERCIO
Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, cree que la necesidad de agruparse alrededor de un objetivo común es un factor que ha incidido en el aumento de las organizaciones en el país, ya que así se benefician de proyectos estatales y de gobiernos locales.
La vida jurídica se solicita directamente en los ministerios y entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de acción de las organizaciones.
La Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, otorga personería a organizaciones de pueblos y nacionalidades. En total, se tienen registradas 4 991 agrupaciones de este tipo en el país. Además, regulariza a los colectivos religiosos que, hasta el momento, suman 4 812, a escala nacional.
El Sistema Suios da cuenta de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dio personería jurídica al mayor número de organizaciones. En total, suman 24 369, lo que representa el 38,22%. Le sigue el Ministerio de Trabajo, donde aumentó el número de organizaciones laborales.
Chacón recalcó que también existen organizaciones de hecho, que lideran proyectos destacados. Ese es el caso de Diálogo Diverso, una organización creada en agosto del 2018, cuyos líderes resolvieron no constituirla con personería.
Diálogo Diverso, una organización de hecho que atendió a 889 personas el último año. Foto: cortesía Diálogo Diverso
María Gabriela Alvear, una de sus fundadoras, contó que tienen tres ejes de gestión enfocados en población Lgbtiq, género y democracia participativa. “Después de una asesoría legal decidimos ser sociedad civil de hecho”, dijo.
En el último año ofrecieron servicios jurídicos, atención psicosocial y asesoramiento médico a 889 personas.
La titular de la Secretaría de Derechos dice que el hecho de que más organizaciones inicien su vida jurídica no necesariamente implica que exista un “mejoramiento en la calidad de participación”.