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La Corte Constitucional (CC) instaló este miércoles 27 de agosto de 2025 una audiencia pública para analizar 26 demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública. La sesión arrancó a las 10:34 bajo la conducción del juez ponente José Terán, quien explicó que el proceso contempla revisar objeciones tanto sobre la forma como sobre el fondo de la norma.
El magistrado informó que existen 30 demandantes activos, entre ciudadanos y organizaciones que demandaron la ley. Los También participan la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado. Además, se registraron 20 amicus curiae, que intervendrán con criterios a favor o en contra del cuerpo legal.
El primero en intervenir fue Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). En su exposición señaló que la norma provocó despidos en el sector público y, al mismo tiempo, condonó deudas tributarias de grandes grupos empresariales, incluidos familiares del presidente Daniel Noboa.
Ricardo Luna, representante de las cooperativas de ahorro y crédito, cuestionó la transitoria que obliga a transformar estas entidades de la economía popular y solidaria en bancos.
Aseguró que la disposición no formaba parte del proyecto inicial y que fue agregada en el segundo debate, lo que, a su criterio, desconoce el derecho de asociación de los socios. Por ello pidió que la transitoria décima primera sea declarada inconstitucional.
Adolfo Espinel, otro de los accionantes, planteó que la ley no cumple con los requisitos de una ley calificada como económica urgente.
Añadió que durante la tramitación legislativa se habría vulnerado la unidad de materia, ya que en el segundo debate se introdujeron reformas penales y migratorias a pedido del legislador Andrés Castillo, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN).
La audiencia cuenta con la presencia de ocho de los nueve jueces constitucionales y se prevé que se prolongue varias horas debido al número de intervinientes. No se descarta que la diligencia continúe en los siguientes días.
La ley entró en vigencia el 26 de junio de 2025, con la aprobación de la mayoría legislativa de ADN en calidad de económica urgente. El texto reforma alrededor de 20 cuerpos normativos, entre ellos la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Entre sus disposiciones figura el endurecimiento de sanciones para adolescentes que cometan actos delictivos.
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