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Corte Constitucional niega tres preguntas de consulta popular del Gobierno

Imagen referencial. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez entregó el paquete de preguntas que no fueron aprobadas por la Corte Constitucional. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

La Corte Constitucional (CC) publicó este martes, 29 de noviembre de 2022, el dictamen sobre las últimas tres preguntas que el Gobierno Nacional envió con el objetivo de incluirlas en la consulta popular.

Dos preguntas son sobre seguridad y una del incentivo tributario no pasaron el control constitucional.

“Negar la solicitud de consulta popular planteada por el presidente de la República del Ecuador” es lo que resolvió el Pleno de la CC en su sesión ordinaria del 28 de noviembre, con voto de mayoría. Hubo seis votos concurrentes y dos votos salvados parciales.

Así se pronunció la CC sobre el último paquete de tres preguntas que el Ejecutivo envió el 31 de octubre.

La pregunta 1 buscaba regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado. La 2 tenía la intención de calificar y tipificar el delito de extorción y sancionar con prisión de siete a 10 años a los responsables de efectuar negocios con intimidación, por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada.

La pregunta 3 estaba enfocada en generar un incentivo tributario para las empresas que cuenten con personas mayores a 45 años en su nómina de empleados. Eso les permitiría recibir una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta.

Según la CC, con las tres preguntas el Gobierno proponía agregar o reformar tres artículos en dos cuerpos normativos (Código Orgánico Integral Penal y Ley de Régimen Tributario Interno). Pero, observó que en la forma en que fue planteada la propuesta de consulta popular para este grupo de preguntas, “no se adecúa con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.

Análisis de la Corte Constitucional

En su dictamen, la Corte precisó que las reformas legales incluidas en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta. Eso desborda su alcance, afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad, justificó. Aclaró que las disposiciones jurídicas propuestas en la consulta de las preguntas 1 y 3 superaron el control material, conforme a lo previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, al no haber superado el control formal, no pueden ser aprobadas.

La pregunta 2 (tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada) superó el control material, mas no el formal, según la CC. Al respecto, los jueces Daniela Salazar, Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Alí Lozada presentaron un voto concurrente conjunto.

Señalaron que se debió realizar un análisis más riguroso, que “permita establecer con seguridad que las consultas que persigan medidas de corte punitivo estén acordes a los principios que rigen el sistema de rehabilitación penal y respeten el principio de estricta legalidad en esta materia, lo que no ocurre cuando estas adoptan la modalidad de referéndum normativo”.

Por su parte, los jueces Jhoel Escudero y Richard Ortiz, en su voto concurrente, justificaron que la improcedencia de la consulta popular se fundamenta en la extralimitación de los límites constitucionales previstos para una consulta popular. Indicaron que habría “incumplimiento del artículo 195 del Código de la Democracia al tratarse de un referéndum, y la pretensión de evadir el procedimiento legislativo como garantía de un debate público y contradictorio”.

Los votos salvados parciales sobre la pregunta 2 corresponden a los jueces Enrique Herrería y Teresa Nuques. Ambos coincidieron con el dictamen de la mayoría sobre la improcedencia de las preguntas 1 y 3. Pero manifestaron que la 2 cumplía con los requisitos y se debía emitir dictamen favorable respecto a los considerandos y a la pregunta.

Consideración de la Corte sobre preguntas de la consulta popular

La Corte Constitucional incluyó en el dictamen una consideración final antes de la desición. Indicó que, sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, debe ejercer el control de constitucionalidad ante la propuesta de consulta popular planteada por el Ejecutivo. “Esto no quiere decir que este organismo tome posturas o que no esté consciente de la realidad por la que atraviesa el país, así como de los tiempos electorales, y la relevancia de los temas pretendidos”, aclaró.

En ese sentido, exhortó al presidente Guillermo Lasso a presentar los temas planteados a la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley. A la Asamblea Nacional exhortó a “sintonizar con las necesidades urgentes del país, la realidad que vive el Ecuador y a cumplir su rol de legislador responsable”.

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