Expertos analizaron el panorama preelectoral del Ecuador y plantean la necesidad de reformar aspectos sobre el sistema de partidos políticos, con énfasis en mayor participación ciudadana y control del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El artículo 7 del Código de la Democracia “prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar”. Es decir, no se pueden hacer modificaciones aplicables para las seccionales del 2023, sino que se aplicarían en las presidenciales del 2025.
En este sentido, representantes de las organizaciones Guayusa Participativa, Contacto Democrático y la Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales impulsaron un seminario este jueves 3 de febrero del 2022 que contó con las perspectivas de expertos electorales.
Cambios en el Código de la Democracia
El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Carlos Aguinaga considera que se debe hacer una reforma integral a todo el Título Quinto del Código de la Democracia, que se refiere a varios aspectos de las organizaciones políticas como constitución, inscripción, alianzas, extinción, derechos y obligaciones, adherentes, democracia interna, financiamiento y sanciones. Se necesitan modificaciones porque no hay controles previos, concurrentes ni posteriores y existen muchos “partidos de alquiler”, dijo.
“La ley de partidos no tiene normas de inclusión ni participación ciudadana directa. Tampoco tiene mecanismos de control social de la sociedad civil”, expresó.
Las últimas reformas electorales se aprobaron en enero del 2020 y se aplicaron en las elecciones de febrero del 2021.
Para el experto, hasta ahora no existen reformas “desde una óptica técnica, sino de carácter coyuntural, derivadas del interés de organizaciones políticas”. Un ejemplo es que el método de asignación de escaños ha sido “permanentemente manipulado”.
La sociedad civil debe involucrarse porque luego de las elecciones es la principal beneficiada o perjudicada, considera Mónica Banegas, directora ejecutiva del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer.
Banegas cree que debe existir una norma sobre el “financiamiento político equitativo e igualitario” para candidaturas de hombres y mujeres. Sostiene que las listas cerradas que permiten votar en una sola lista, posibilitan que las mujeres sean electas. Pero la paridad debe ser vertical transversal, agregó.
Se requiere actualizar los modelos de los partidos políticos tradicionales y sanciones rigurosas para candidatos que incumplan la ley, como quitar derechos políticos. También transparentar la financiación de las organizaciones políticas, manifiesta la Directora.
Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, sostuvo que se necesitan reformas parciales al Código de la Democracia y que no existe suficiente control del CNE sobre las organizaciones políticas.
“Qué pasa cuando ese Código no se aplica o se aplica con cierto sesgo. Prácticamente, lo que uno quisiera tener para unas elecciones justas, competitivas, limpias, no se da. Eso pudimos ver en la anterior campaña electoral”, cuestionó Mantilla. Además, habló de supuestas “irregularidades” en el conteo de actas en Guayas en 2021.