Contrato de bloque Singue tiene irregularidades, según Contraloría
Los ex ministros Jorge Glas (izq.) y Wilson Pástor (der.), y el subsecretario Carlos Pareja, en una licitación, el 2010. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El informe de la Contraloría DASE-0045-2017 tiene varias revelaciones. Se refiere al proceso contractual de prestación de servicios para la explotación petrolera del bloque Singue, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El contrato, firmado el 30 de abril del 2012 por el entonces ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, tiene algunas irregularidades, según los auditores que revisaron la adjudicación del bloque. Este cuenta con tres pozos y se ubica al norte de Sucumbíos. Tiene 3 446 hectáreas y sus reservas se estimaron inicialmente en 4,2 millones de barriles.
En la adjudicación del yacimiento, que fue parte de la Décima Ronda Petrolera, participó el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH). Estuvo integrado, entre otros funcionarios, por el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y hoy vicepresidente, Jorge Glas; el viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli, y la coordinadora del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, María Lorena Espinoza. Ellos aprobaron el informe que dio luz verde al contrato y al acta de negociación emitida por el Equipo Negociador y recomendaron a Pástor la adjudicación del contrato.
El informe de Contraloría establece que el equipo negociador calculó la tasa interna de retorno,TIR, considerando, sin ningún sustento legal, solo el 80% y no el 100% de las reservas probadas, previstas para los 20 años de ejecución del contrato. Eso ocasionó un perjuicio al Estado que al cierre del informe alcanza los USD 5,2 millones, pagados al Consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador.
Hasta el 30 de septiembre del 2016, se pagaron USD 137,5 millones, más 29,7 millones por acumulación, que corresponden a 4,9 millones de barriles fiscalizados y entregados.
El Consorcio DGC -según la auditoría aprobada el martes 1 de agosto del 2017- no cumplió con lo requerido en las bases de licitación, que exigía la presentación de información sobre la capacidad operativa del ofertante desde el 2006 al 2010. Se limitó a entregar datos del 2002 al 2006, lo que fue aceptado por la Comisión de Calificación; eso constituyó un incumplimiento legal.
La adjudicación del contrato no procedía por cuanto la oferta incumplía los requisitos establecidos en las bases de la licitación y debía ser descalificada. Los miembros de la comisión de calificación y evaluación, a pesar de reconocer el incumplimiento, concluyeron que el consorcio sí cumplió los requisitos.
Sobre la propuesta económica, la oferta también incumplía lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, al no incluir el desglose de la tarifa, por lo que también debió ser rechazada, según concluyeron los auditores de Contraloría en el examen de 64 páginas.
El consorcio DGC presentó en el formulario el valor de USD 34,50 de tarifa por barril, sin que este valor esté respaldado con las variables establecidas en la Ley de Hidrocarburos. Según la norma, la prestadora de servicios petroleros tendrá derecho al pago de una tarifa por barril de crudo neto producido y entregado al Estado.
Esta tarifa, que constituye el ingreso bruto de la contratista, se fijará contractualmente tomando en cuenta un estimado de la amortización de las inversiones, los costos y los gastos, y una utilidad razonable. Durante el proceso, la tarifa fue negociada y se redujo de USD 34,50 a USD 33,50 por barril producido. Los miembros del COLH recomendaron aprobar la negociación en esos términos. El equipo negociador, al no exigir al Consorcio DGC el desglose de la tarifa de USD 34,50, para verificar que esta sea el resultado del estimado de la amortización, inobservó la Ley de Hidrocarburos, indica el examen. La tarifa debió fijarse en 32,45.
El entonces ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, el ministro de Recursos naturales, Pástor, y los miembros de la Comisión de Calificación señalaron en su descargo a la Contraloría, el 26 de julio del 2017, que en el proceso oferente se bajó la tarifa en 1 dólar, y que la herramienta matemática para evaluar la oferta no era vinculante.
El 18 de septiembre de 2012, cinco meses después de la suscripción del contrato, Dygoil (que tenía el 60% de la participación) pidió al Ministro de recursos Naturales autorizar el traspaso de acciones del Consorcio DGC a favor de Gente Oil Ecuador (que tenía el 40% del paquete accionarial).
Por recomendación del COLH al Ministro, la cesión de acciones se concretó el 29 de agosto de 2014. La empresa fue constituida el 15 de marzo de 2012 en Singapur, un mes antes de la concesión del contrato.
El 14 de mayo de 2012, Silvana Pástor Tapia, (hija de Wilson Pástor, quien fe ministro hasta abril del 2013), empezó a trabajar como Directora Financiera de Gente Oil Development y como Vicepresidenta de Gente Oil Ecuador, según reportes del Seguro Social. Es decir, laboró en la beneficiaria original del campo Singue y en la sucesora de los derechos accionariales de explotación.
Este Diario buscó las versiones de la hija de Wilson Pastor y del vicepresidente Jorge Glas, a través de pedidos escritos de información, pero no tuvo una respuesta.
Pastor, en cambio, dijo que lo señalado en el informe de Contraloría no tiene fundamento: ni técnico ni ético. “Es un informe dirigido para desprestigiar la contratación petrolera del gobierno de Correa, sus funcionarios y mi persona”. Añadió que responderá en los próximos días “con la verdad de los hechos a esta cacería de brujas instrumentalizada por el Contralor encargado”.
Otra de las observaciones es que las reservas en base a las cuales el COLH otorgó la explotación del campo Singue
fueron subestimadas. Hasta el 30 de septiembre de 2016 ya se había extraído el 244,7% de lo previsto para los 20 años.
Los datos de las reservas supuestas fueron elaborados por el exsubsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, quien luego de tres meses de suscrito el contrato pasó a trabajar como empleado del consorcio adjudicado, según Contraloría, que el martes envió un informe con indicios de responsabilidad penal a contra todos los implicados a la Fiscalía .
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