La Contraloría General del Estado ha emitido 165 informes con indicios de responsabilidad penal en empresas públicas, en los últimos 10 años. Carlos Riofrío, titular subrogante del organismo de control, entregó la información este viernes 10 de febrero del 2023 a la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el llamado caso Encuentro.
El funcionario precisó que desde 2013 se han aprobado 869 informes sobre auditorías o exámenes especiales en todas las empresas públicas, y que se espera alcanzar 962 este año 2023.
“En los últimos diez años en el sector de las empresas públicas estratégicas, la Contraloría aprobó 869 informes generales de auditoría y 164 informes con indicios de responsabilidad penal, mismos que han sido remitidos a la Fiscalía General”, indicó.
Tipos de irregularidades
Según el Contralor subrogante, la mayoría de irregularidades se detectan en la fase preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública.
Así, por ejemplo, aludió al uso de proformas fraudulentas para establecer el presupuesto referencial de los contratos. “En la mayoría de los casos de los informes no dejan de existir situaciones en que presentan documentación falsa”.
Señaló que hay casos donde proveedores, empresas o profesionales certifican que nunca firmaron los documentos correspondientes, o se detectan que los procedimientos fueron direccionados.
Otro de los hallazgos consiste en que “muchas veces se generan necesidades que no corresponden a las necesidades reales en las instituciones”.
“Estoy hablando de que, a veces, se adquieren medicamentos, insumos, equipos que no son necesarios, que habiendo en bodega se adquieren; entonces empieza este proceso en el requerimiento, en la necesidad, y se vinculan directamente con las personas o servidores que solicitan”.
Sobre la remoción de los funcionarios con indicios de responsabilidad penal, Riofrío precisó que de acuerdo a la ley “hasta que no se concluya o se determine por un juez la culpabilidad, ellos no tienen prohibición de seguir siendo servidores públicos”.
Responsabilidades civiles
Riofrío detalló que entre los años 2019 y 2022, la Contraloría aprobó 236 informes de la empresas públicas, donde se examinó el uso de más de USD 36 millones.
El control se aplicó a Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana, la Corporación Nacional de Electricidad. También a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Cnt), la Empresa Nacional Minera (Enami), la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) y la desaparecida Tame.
“Sobre estos informes, los equipos de auditoría sugirieron responsabilidades civiles por más de USD 795 millones y administrativas por más de USD 6 millones”, anotó.
En lo que corresponde a Petroecuador, dijo, se han aprobado 75 informes generales, y se han emitido 11 informes con indicios de responsabilidad penal.
“Al momento nos encontramos realizando, a través de auditoría interna y externa, 19 acciones de control en función del plan de control del 2023”, adicionó.
Informe de Luis Verdesoto
El Contralor también restó contundencia al informe presentado por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, antes de renunciar al cargo, donde se alude a una excesiva concentración de poder en el presidente de Emco.
“El contenido de ese informe es, si me pide una opinión, una serie de generalidades respecto de presunciones o hipótesis de actos de corrupción que se pueden generar, no especifica exactamente de qué tipo ni en qué procesos”, señaló.
Investigación a Ministro
Riofrío informó que la Contraloría investiga al ministro de Energía, Fernando Santos, por una denuncia sobre presuntos bienes o activos en paraísos fiscales, algo prohibido por la Ley.
“El examen especial está en ejecución, se ha realizado todo pedido de información e investigaciones para determinar si tiene paraísos fiscales”, aseguró.
La comparecencia del Contralor se dio entre tensiones entre la vicepresidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, y asambleístas del oficialismo. En el denominado caso Encuentro, la Fiscalía investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.
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