Para las elecciones de 2023 habrá 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los aspirantes para ser uno de las siete vocalías han realizado foros, entrevistas y utilizado las redes sociales para darse a conocer en la campaña electoral.
Los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al no estar en ningún movimiento o partido político. Las campañas electorales se financian a través de recursos públicos. Los candidatos tienen la prohibición de utilizar algún recurso económico privado que pueda servir para elaborar su campaña.
El CNE contrató una empresa para que sea la que realice todo el material publicitario en redes, cuñas, etc. El costo final del contrato fue de USD 4,6 millones. Esta empresa estará encargada de realizar distintos materiales:
- Spot de televisión de 30 segundos de cada candidato.
- Cuña radial de 30 segundos por candidato.
- Trabajo en redes sociales y medios digitales.
- Sesión fotográfica y material comunicacional.
¿Qué funciones tiene el Consejo de Participación?
La función del Cpccs se rige en varios aspectos. Uno de ellos es seleccionar autoridades de la Contraloría, Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, superintendencias, vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otras.
También tiene otras funciones que están establecidas en la Constitución de 2008 en el artículo 207, donde se menciona que el Consejo de Participación se encarga de:
- Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana.
- Impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público.
- Designar a las autoridades que le correspondan de acuerdo con la Constitución y la ley.
Sobre las obligaciones y los deberes que debe realizar el Consejo de Participación, se establece en el artículo 208 de la Constitución que debe:
- Estimular procesos de deliberación pública y proporcionar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
- Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.
- Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.
- Es más, debe actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus investigaciones.
- Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.
- Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos.
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