El Consejo de Participación Ciudadana retoma los concursos de mérito
Sofía Almeida, titular del Cpccs, compareció el miércoles 16 de junio del 2021 en la Asamblea por la remoción de un vocal de la Judicatura. Foto: cortesía
Han pasado dos años desde que culminó la etapa de transición dispuesta por la consulta popular del 2018, con la que se dio paso a la designación de nuevas autoridades del Estado.
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) realizó esta semana un proceso de elección de autoridades para los próximos dos años.
Se ratificó a Sofía Almeida como presidenta y se eligió a David Rosero como nuevo vicepresidente, en reemplazo de Francisco Bravo.
Con esa conformación, el organismo está enfocado en completar tres procesos de designación que no se llevaron a cabo mientras estuvo en funciones el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t), liderado por Julio César Trujillo (+).
La próxima semana arrancarán los concursos para designar al Defensor Público, a nueve delegados ante la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y al Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo Fronterizo.
David Rosero, vicepresidente del Cpccs, aseguró que el organismo solicitó al Ministerio de Finanzas que se desembolsaran los recursos para realizar los concursos y que ya existe el financiamiento respectivo. Los instructivos para estas acciones se definirán la próxima semana.
Por fuera de esos tres procesos, ayer, 18 de junio del 2021, también el Cpccs debía sesionar para aprobar la conformación de una comisión técnica e iniciar formalmente el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En dicha comisión habrá delegados de los siete consejeros del Cpccs. Además, estaba en agenda la aprobación de una segunda comisión, para designar al Consejo Nacional de Igualdad.
En el caso del CNE, la renovación parcial está contemplada en la Constitución y también en el artículo 24 del Código de la Democracia.
Esta última norma establece que el CNE se renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda.
Sofía Almeida, presidenta del Cpccs, aseguró que en la renovación del ente electoral deben ser reemplazados un vocal varón y una consejera.
Actualmente, el CNE está integrado por Diana Atamaint (Pachakutik), Enrique Pita (Creo), José Cabrera (PSC), Esthela Acero (Alianza País) y Elena Nájera (Concertación).
Nájera pidió que la renovación fuese transparente y anticipó que pedirá una veeduría internacional para que siga de cerca el proceso. “Si tenemos que irnos, en el caso de que toque la tómbola, hacerlo con seguridad que fue así, y que no haya compromisos donde se trate de burlar la decisión y darle el puesto a dedo a alguien”, dijo la consejera, quien se principalizó el 23 de abril, luego de que Luis Verdesoto renunciara al CNE.
La renovación de dos consejeros titulares y de dos alternos del CNE debe concluir a finales de noviembre.
Otro concurso en el que el Cpccs ya adelanta los instructivos es el de Contralor General del Estado.
Según Almeida, se entregó un proyecto de reglamento a la coordinación jurídica y a la comisión técnica, para que presenten sus observaciones.
La idea de la Presidenta es difundir la norma con organizaciones sociales, gremios y la academia, para que “tenga legitimidad el concurso”, que podría durar entre seis y siete meses.
Pablo Celi, contralor subrogante ratificado por el Consejo transitorio, actualmente cumple prisión preventiva por el caso Las Torres.
Valentina Zárate, subcontralora, está encargada del organismo. Su oficina fue allanada el jueves 17 de junio, como parte de una investigación por supuesta usurpación y simulación de funciones.
Celi estará al frente hasta marzo del 2022, o hasta que avance el proyecto de transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. Esto último no prosperó.
En ese escenario, el Cpccs envió una consulta a la Procuraduría, sobre si se pueden encargar el puesto y las funciones de contralor a alguien, hasta que se inicie un concurso público. El 30 de mayo, la Procuraduría contestó que es necesaria la realización de un concurso público de méritos.
El vicepresidente Rosero habla de “tres salidas” para el proceso de la Contraloría.
La primera es que la Asamblea Nacional dé paso a un juicio político contra Celi, con el debido proceso. La segunda, es que Celi renuncie al cargo.
Y la tercera es que la Corte Constitucional (CC), que blindó las actuaciones del Cpccs-transitorio, dé seguimiento a ese dictamen y “a la luz de las nuevas realidades” se pronuncie para poder convocar al concurso anticipadamente.
“El Cpccs-t tiene que responder al país por esa designación. Y también la Corte Constitucional, que blindó ese nombramiento. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen”, manifestó.