La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero acusaron al Gobierno, este 5 de enero de 2023, por incumplir acuerdos relacionados a la minería y anunciaron una posible movilización por esta causa. En una asamblea nacional se definirá la fecha de la futura medida de hecho.
La asamblea de la Conaie se realizará el jueves 12 de enero de 2023 en la provincia de Cotopaxi. Allí se tomarán algunas resoluciones, dijo el presidente indígena, Leónidas Iza.
“Primero, cuál va a ser la estrategia de defensa de nuestro territorio. Segundo, cuáles van a ser los mecanismos jurídicos para llevar, a nivel nacional e internacional. Tercero, una posible fecha para un paro preventivo en todo territorio donde están asentadas las (empresas) mineras”, puntualizó en una rueda de prensa.
Iza señaló que “el Gobierno Nacional ha violado e irrespetado los acuerdos de la mesa que tiene que ver con la minería”. Se refiere a la mesa de energía y recursos naturales, una de las 10 en las que se estableció el diálogo entre tres organizaciones indígenas y el Gobierno.
En la mesa “se dejó con absoluta claridad, no se puede avanzar con la minería a gran escala, con los procesos petroleros, mientras no se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada y el consentimiento, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la normativa internacional. El Gobierno se comprometió a construir una ley, mientras tanto se da una moratoria”, argumentó Iza.
Acciones del Gobierno que rechaza la Conaie
El presidente de la Conaie detalló que son tres las acciones del Gobierno que han causado sorpresa: Llamó a actualizar el catastro minero a nivel nacional, llama a crear zonas de seguridad para la minería, y empezó la etapa de explotación en las Naves, en la provincia de Bolívar, y en Warints, en Morona Santiago.
Freddy Díaz, habitante de Bolívar, dijo que no han sido consultados para ejecutar proyectos mineros en Las Naves. “Nunca ha habido riqueza verdadera para los pueblos”, criticó al insistir que no permitirán las actividades mineras.
Luis Corral, representante del Frente Nacional Antiminero, aseguró que “el Gobierno está violando los acuerdos de paz de manera sistemática“. Algunos puntos planteados por las organizaciones fueron negados por el Gobierno, pero en el marco del diálogo se logró que se creara una mesa técnica de evaluación integral, sostuvo.
Esa mesa debía instalarse el 8 de diciembre del 2022, pero fue suspendida -aseguró- sin dar motivos; allí se iban a estudiar los impactos de proyectos mineros como Mirador y Fruta del Norte, los minerales que se extraen y salen del país, según Corral. Luego, el 22 de diciembre el Gobierno firmó un proyecto de explotación minera en Las Naves, que es una zona de importancia hídrica, y a finales de ese mes se firmó un contrato para la explotación en Warints; también se anunció la militarización en 11 sitios estratégicos del país, criticó el activista.
“Estos actos (son) los que provocan es un nuevo proceso de estallido social que no terminará en las mesas de diálogo, sino con una radicalización en la lucha por defender la democracia, la vida, los territorios de los pueblos indígenas”, advirtió Iza.
En ese sentido, agregó que todo proceso de conflicto social será de absoluta responsabilidad del Gobierno. Discrepa con que la política minera genere beneficios a la economía del país; es la agricultura aseguró. Pero este sector está en decrecimiento y se debe invertir en él, así como impulsar el turismo, sugirió.
Por esos antecedentes, Iza convocó a sus bases, a otros colectivos y defensores antimineros a la Asamblea del 12 de enero “para hacer una sola estrategia” contra los procesos mineros.
Aprovechó la ocasión para solicitar a la Asamblea Nacional que se active para fiscalizar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo y establezca un nivel de responsabilidad por el incumplimiento.
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