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Comisión de Desarrollo Económico pule la Ley de Apoyo Humanitario

Esteban Albornoz (AP) es el  presidente de la comisión que debatió ayer la Ley Humanitaria. Foto: cortesía Asamblea.

Esteban Albornoz (AP) es el presidente de la comisión que debatió ayer la Ley Humanitaria. Foto: cortesía Asamblea.

María M. Cuesta cree que los acuerdos trabajadores -empleadores deben ser individuales. Foto: cortesía Asamblea.

Los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico debatieron el sábado 25 de abril del 2020 cada uno de los 38 artículos del proyecto de Ley Humanitaria, planteada por el Ejecutivo como una herramienta legal para preservar puestos de trabajo, salvar empresas y recaudar aportes económicos de los trabajadores.

Uno de los artículos que mayor discrepancia provocaron fue el 18, que contempla la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos laborales para proteger el empleo y lograr la sostenibilidad de las compañías.

El desacuerdo entre los legisladores generó dos posturas. Unos promulgaban que este tipo de contratos entre empresarios y empleados debería firmarse de forma colectiva, mientras otros defendían que debía hacerse individualmente.

Guillermo Celi, de SUMA, abogó por la suscripción individual. Dijo que los contratos son títulos ejecutivos que se basan en el principio de la ‘bilateralidad’. Es decir, que las estipulaciones deben ser convenidas entre empresario y colaborador. A esa postura se alinearon César Ron (PSC), María Mercedes Cuesta (Independiente), y Homero Castanier y Fernando Callejas (Creo).

“Además se debe acreditar la suspensión de las actividades del empleador o las razones como una grave crisis. Eso también debe estar redactado allí con claridad y que estos acuerdos se firman por problemas que hayan surgido en el contexto del coronavirus”, agregó Castanier.

El presidente de la Comisión, Estaban Albornoz (AP), en cambio, defendió la tesis de que los acuerdos deben ser de forma colectiva. Por “practicidad” y “por beneficio de los trabajadores, pues no todos van a tener un abogado que les brinde asesoría de lo que van a firmar”, afirmó Albornoz.

Los legisladores invirtieron más de 20 minutos en este punto y al final el único consenso fue que redactarían otro texto.

Esteban Albornoz (AP) es el presidente de la comisión que debatió ayer
la Ley Humanitaria. Foto: cortesía Asamblea.

Otro punto que generó debate fue el artículo 22 sobre la figura del contrato especial emergente. La discrepancia fue sobre el tiempo de aplicación de este instrumento legal. Un grupo de asambleístas decía que su periodo de vigencia debía ser de hasta años, renovables por dos años más; un segundo grupo defendía la renovación indefinida del acuerdo.

Sobre el artículo 23, que se refiere a la reducción de la jornada laboral, también hubo un dilema: si la reducción podría ser libre o si se ponía como tope el 50% de la carga laboral. “No podemos establecer un mínimo de horas porque no sabemos cómo van a trabajar los negocios desde el 4 de mayo. Yo estoy seguro que serán jornadas reducidas”, agregó Ron.

Otro de los puntos polémicos fue sobre los aportes económicos que harán los empleados públicos y privados al Estado. La propuesta del Ejecutivo es que los trabajadores que reciben salarios sobre los USD 500 aporten un porcentaje de su sueldo al fisco.

Los asambleístas de la comisión insistieron que estos aportes deberían aplicarse para quienes ganan desde USD 800 mensuales.

“Si planteamos desde los USD 800, el total de personas que aportarían sería 750 000 y tendríamos una reducción importante, pues solo el 23% de los trabajadores contribuiría”, explicó Albornoz.

Para el asambleísta Callejas, esos tributos deben hacerse desde una base en la que, al menos, se cubra la canasta básica. “Si se inicia esta contribución desde USD 800 se reduce de manera importante el porcentaje de los trabajadores, pero el monto que se deja de recaudar no es tan significativo”.

La Comisión eliminó el artículo 28, pues dijo que deja a discrecionalidad el uso de los fondos del seguro de desempleo, y el artículo 24, que propone que las empresas adelanten las vacaciones de los trabajadores hasta por dos años. Lo consideraron inconstitucional.

Para este domingo 26 de abril del 2020, desde las 10:00, está previsto que se reinstale la sesión virtual y se continúe con el debate sobre este punto.

La Comisión de Régimen Económico también sesionó para analizar el contenido del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), el cual busca la consolidación fiscal y estabilidad monetaria; igualdad de oportunidades, protección social; empleo y reactivación productiva; y, manejo eficiente y transparente de recursos.

Los legisladores hicieron observaciones a las normas para la operación a través del mercado de valores, así como la autonomía de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los Gobiernos autónomos descentralizados.

El presidente de la mesa legislativa, Daniel Mendoza, indicó que, hasta el momento, se proponen cambios básicamente en lo referente al techo de la deuda, autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de la Seguridad Social; la pretensión de ubicar al Banco Central como banca pública, entre otros aspectos.

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