Fotografía de la campaña de carnetización que realizó Alianza País en el sector de la ciudadela Covien, al sur de Guayaquil. Foto: Archivo EL COMERCIO
Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que todas las solicitudes que ingresan al organismo deben ser resueltas en un plazo de 30 días. Como lo establece el Código de la Democracia.
Esto en referencia a la denuncia interpuesta contra Alianza País por presunto uso de bienes y recursos públicos con fines políticos y electorales, por el evento de carnetización que la agrupación llevó a cabo el 2 de julio, en Guayaquil, con la participación de seis instituciones públicas.
Las entidades que ofrecieron sus servicios durante esa jornada son los ministerios de Salud e Inclusión Económica, las corporaciones Nacional de Electricidad (CNEL) y de TelecomuniCampaña de carnetización de Alianza PAIS en el sector de la ciudadela Covien, al sur de la ciudad de Guayaquil.Campaña de carnetización de Alianza PAIS en el sector de la ciudadela Covien, al sur de la ciudad de Guayaquil.caciones, el Instituto de Seguridad Social (IESS) y su Banco (BIESS).
El acto estuvo liderado por la legisladora y directora provincial de Guayas, Marcela Aguiñaga, los asambleístas Bairon Valle y Mónica Brito, y la concejal porteña Lídice Aldaz.
La primera denuncia en su contra llegó a la Delegación Provincial Electoral de Guayas, el 11 de julio. La interpuso el movimiento Unidad Popular, encabezado por sus líderes locales Alonso López y Jorge Itúrburu.
La segunda denuncia llegó el 19 de julio y fue interpuesta por los partidos y movimientos que conforman el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, encabezados por su coordinador Fabricio Villamar.
Pozo había publicado en su cuenta de Twitter, dos días antes, que el CNE abrió un expediente sobre el caso. Y el 20 de julio de 2016 aclaró que esto implica que “hay que correr traslado a las autoridades que se pretende cuestionar”.
También comentó que no es la única denuncia recibida, pero no dio detalles de las demás. Agregó que una vez que estas llegan al CNE o cualquiera de sus 24 delegaciones, se remiten a las áreas correspondientes: la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto y la Coordinación Jurídica.
Cada una se encarga de establecer el informe que pasará al pleno del Consejo, para que tome una resolución, dentro de sus competencias. Estas pueden ser varias, dijo el titular del CNE, por ejemplo remitir el expediente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), “porque son los que sancionan y juzgan, pero si no hay mérito y no se han adjuntado documentos a la denuncia, el Consejo podría ordenar el archivo del proceso”.
Pozo indicó que “en este caso puntual (de Alianza País), el CNE tendrá que ver a través de las direcciones de qué tipo de denuncia se trata, en qué está sustentada para marcar el procedimiento”.
Al ser cuestionado sobre si el CNE no debería actuar de hecho ante presuntas infracciones electorales, el presidente del Consejo dijo que “las 24 delegaciones tienen unidades de fiscalización y control del gasto que presentan informes semanales de lo que ocurre”. Pero aclaró que esta es una de las dos vías que se tienen para fiscalizar, la otra son las denuncias.
