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El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo una advertencia a las instituciones públicas respecto a la difusión de publicidad, la tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025; tras iniciar el proceso electoral para el referendo 2025.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) entró en período electoral e hizo una advertencia a las instituciones públicas.
Las entidades públicas deben solicitar autorización al CNE para difundir publicidad institucional en radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos.
La disposición rige desde este lunes 22 de septiembre de 2025, una vez que se aprobó la Convocatoria al Referéndum 2025.
Los requerimientos podrán presentarse en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, en la Dirección Nacional de Promoción Electoral o en la Secretaría General del CNE.
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El formato de solicitud de autorización está disponible en la página web: www.cne.gob.ec.
La normativa electoral establece los casos excepcionales en los cuales el CNE podrá entregar el código de autorización que avala la difusión de información por parte de las instituciones públicas.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó el domingo 21 de septiembre de 2025 y resolvió sobre cinco ejes del referendo 2025, convocado por Daniel Noboa: calendario, plan operativo y presupuesto, límite máximo de gasto electoral, convocatoria a las urnas y Fondo de Promoción Electoral.
El CNE fijó el inicio de la etapa preelectoral en el 19 de septiembre de 2025 y el cierre del proceso con la publicación de resultados oficiales el 5 de enero de 2026.
El calendario incluye la inscripción de organizaciones políticas y sociales del 23 al 27 de septiembre y un Consejo Consultivo el 1 de octubre. También contempla selección, notificación y capacitación de miembros de juntas receptoras del voto.
El Pleno aprobó directrices, plan operativo, matriz de riesgos y el presupuesto con cuatro votos a favor y una abstención. El monto asciende a 59 783 375,08 dólares: 71,3% para 2025 y 28,7% para 2026.
Rubros principales: 35,7% para personal (aprox. 21,32 millones), 7,7 millones para Fuerzas Armadas, 2,9 millones para Policía Nacional, 3,7 millones para difusión oficial, 3,5 millones para papeletas y 3,3 millones para compensación a miembros de juntas.
Elena Nájera se abstuvo por el escaso tiempo de revisión y por objeciones sobre la reserva de documentos.
El CNE aprobó por unanimidad el límite máximo del gasto electoral para las campañas del referendo: 5 575 489,60 dólares.
La distribución quedó en partes iguales: 2 787 744,80 dólares para la opción Sí y 2 787 744,80 dólares para la opción No.
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El cálculo se sustentó en la normativa del Código de la Democracia y en el registro electoral nacional.
El Pleno aprobó el Fondo de Promoción Electoral con base en la proyección técnica presentada. Se aplicó el 7,5% del límite máximo de gasto electoral por cada opción.
El valor total asciende a 418 161,72 dólares (sin IVA) para las dos preguntas del referendo, distribuido en 209 080,86 dólares para la opción Sí y 209 080,86 dólares para la opción No.
El CNE dispuso notificar esta resolución al Ministerio de Economía y Finanzas.
El Pleno aprobó la convocatoria para el domingo 16 de noviembre de 2025. Durante el debate, Elena Nájera pidió reincorporar en los considerandos la cita al artículo 438 numeral 2 de la Constitución (control previo de la Corte Constitucional para consultas de carácter nacional) y exigió correcciones de redacción y puntuación —entre ellas, usar “cédula de ciudadanía” y la fórmula “queda prohibido” en disposiciones sancionatorias.
La Dirección Jurídica explicó que retiró el 438 por tratarse de un referendo; luego indicó que su inclusión no altera el texto. Merino y Pita se allanaron a recoger las observaciones y el Pleno aprobó la convocatoria con las correcciones solicitadas.
El referendo, convocado mediante los Decretos 147 y 149, someterá a voto dos reformas parciales a la Constitución:
El sábado 20 de septiembre, el CNE declaró el inicio del proceso electoral del referendo con cuatro votos a favor. El Pleno no trató el Decreto 148 sobre la Asamblea Constituyente, porque la Corte Constitucional concedió medidas cautelares que suspenden de forma provisional sus artículos principales. El CNE pidió a la Corte un pronunciamiento rápido para optimizar recursos y, de ser procedente, unificar procesos.
Un día después, la Presidencia de la República solicitó a la Corte Constitucional tratar con celeridad el Decreto Ejecutivo 153, pedido que fue ingresado por el secretario jurídico Stalin Andino. Con ello, el Gobierno busca que el trámite no interfiera en los plazos del proceso electoral previsto para noviembre de 2025.
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