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Seis claves que debe saber para el juicio político a la ministra Romo

María Paula Romo, ministra de Gobierno, enfrentará un juicio político este martes 24 de noviembre del 2020. Foto: Flickr Ministerio de Gobierno

María Paula Romo, ministra de Gobierno, enfrentará un juicio político este martes 24 de noviembre del 2020. Foto: Flickr Ministerio de Gobierno

María Paula Romo, ministra de Gobierno, enfrentará un juicio político este martes 24 de noviembre del 2020. Foto: Flickr Ministerio de Gobierno

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfrentará este martes 24 de noviembre de 2020, a las 10:00, un juicio político en el Pleno de la Asamblea por su actuación frente a las protestas de octubre de 2019. La sesión se dará en modalidad virtual; hay seis datos clave para este proceso.

Causales

El uso de bombas lacrimógenas caducadas y la actuación policial en centros que acogieron a los manifestantes son las causales para la interpelación.

Una tercera, que tenía que ver con la tardía convocatoria a un comité para la protección de los periodistas durante las protestas, fue desechada por falta de sustento por la Comisión de Fiscalización.

Defensa y debate

Romo tendrá un máximo de tres horas para defenderse de las acusaciones imputadas en su contra ante el Pleno. Así lo dice el artículo 84 de la Ley Legislativa. La sesión se dará en la modalidad virtual por la pandemia.

A continuación, los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. Luego, la funcionaria podrá replicar por un máximo de una hora.

Finalizada la intervención, Romo se retirará del Pleno y el presidente de la Asamblea, César Litardo, declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por máximo diez minutos sin derecho a réplica.

Votos para resolución

Para una posible censura y destitución de la Ministra, como recomienda el informe de Fiscalización, se requiere de las dos terceras partes del Pleno de la Asamblea, es decir, de 91 votos, según el artículo 131 de la Constitución.

“La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente”, añade.

De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.

Los interpelantes

El juicio político es impulsado por los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, exCreo, y Amapola Naranjo, del correísmo, después de que en diciembre del año pasado fracasaron con otras dos solicitudes contra la funcionaria que terminaron en el archivo de la Comisión de Fiscalización por falta de sustento.

Si no hay los 91 votos para una censura, Gómez y Naranjo insistirán en un cuarto pedido de interpelación, que presentaron hace un mes. Esta vez por las acusaciones de supuestos repartos de hospitales a cambio de votos en el Parlamento.

Romo, sexta ministra interpelada

Romo es la primera ministra del Gobierno de Lenín Moreno en enfrentar un proceso de interpelación sin haber renunciado. Pero, antes de ella, cinco exministros enfrentaron procesos similares cuando ya estaban fuera de sus puestos: Carlos de la Torre, Rubén Flores, María Fernanda Espinosa, Verónica Espinosa y Raúl Pérez Torres.

La suerte de cada uno fue distinta. Solo el de Verónica Espinosa, quien ocupaba la cartera de Salud, terminó en censura. Esto se dio con 92 votos el 14 de agosto del año pasado, un día después de que la votación inicial (89 votos) fue reconsiderada.

Richard Martínez, quien ocupó la cartera de Finanzas hasta el 10 de octubre pasado, acumuló cinco pedidos de juicio político en el último año que aguardan por la etapa de sustanciación.

Nuevos plazos rigen a futuro

Los casos de Romo y Martínez, que demoraron casi un año en ser tramitados, son los últimos en ejecutarse sin los plazos que se definieron en la reforma a la Ley Legislativa, que entró en vigencia el 11 de noviembre pasado.

“No tienen carácter retroactivo ni aplicación a pedidos que se hayan presentado antes”, precisó Litardo a este Diario. Con ello tampoco se aplicará la inhabilidad de dos años para que vuelvan a ejercer cargos, en caso de ser censurados.

Con la reforma, por ejemplo, se fija un plazo de 5 días al Presidente de la Asamblea para poner en conocimiento del CAL la solicitud de enjuiciamiento. Todos deberán llegar a resolución del Pleno, al margen de que la Comisión de Fiscalización recomiende o no la censura y destitución.

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