A toda velocidad y sin mirar atrás. No se trata de un tour automovilístico, sino la forma en que actuará durante todo enero la Comisión Calificadora encargada de designar a los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC). La Ley establece que esta renovación parcial debe concretarse el 5 de febrero, pero estará conforme si lo logran hasta el 7.
Actualmente hay ocho aspirantes, postulados por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Trasparencia. A finales del año anterior, el candidato Salim Zaidán, propuesto por la Asamblea, renunció al proceso y no ejerció su derecho a la defensa frente a dos impugnaciones en su contra. Argumentó que los concursos en el país “no están hechos para que lleguen necesariamente los mejores, sino los mejor relacionados”.
Esta será la primera renovación del máximo organismo constitucional, luego de la conformación de 2019 que impulsó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, encabezado por Julio César Trujillo (+). La actual CC inició funciones, como parte del mandato constitucional aprobado en la consulta popular realizada durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno.
Vanessa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora, formó parte de los dos procesos. Aún con molestias a causa del covid-19, mencionó que hay algunas similitudes. Por ejemplo, en 2019 renunció la comisionada Amanda Pérez. Y a inicios de diciembre del 2021, también dio un paso al costado Rafael Oyarte. Aguirre cree que esa salida no impide que avance la renovación, pues quedaron cinco comisionados en funciones.
Otro símil son las críticas al proceso, aunque asegura que han actuado según lo que establece la Ley. “Pese a los intereses que pueda haber para que renunciemos o dejemos las cosas irresponsablemente, eso no va a suceder”.
De los ocho aspirantes que siguen en carrera, Jorge Sosa (postulado por la Función de Transparencia) y Bárbara Terán (postulada por la Presidencia) tuvieron hasta ayer para responder a dos impugnaciones en su contra.
A Sosa se lo señala por supuestamente estar vinculado al extinto partido Fuerza Ecuador, cuando la norma prohíbe que los jueces constitucionales hayan pertenecido a la directiva de tiendas políticas en los últimos 10 años. A Terán, en cambio, se la acusa por supuesta falta de probidad en el patrocinio de casos como abogada en libre ejercicio.
Ambos postulantes deberán presentarse a una audiencia pública el próximo martes. Después, la Comisión Calificadora resolverá si acepta o no las impugnaciones. Al día siguiente definirá cuántos aspirantes avanzan a la última fase del concurso, que incluye un examen escrito y una comparecencia oral. También está contemplado un espacio para solicitar recursos de revisión frente a las pruebas.
Se prevé tener los resultados de los tres candidatos mejor puntuados el lunes 7 de febrero. Luego, se notificará a la Corte Constitucional para que se realice el sorteo público con el que se establecerá cuáles son los tres jueces que dejan el organismo.
Los flamantes magistrados que iniciarán funciones la segunda semana de febrero se encontrarán con un promedio aproximado de 300 causas mensuales. Además existen centenas de casos represados de años anteriores. Entre febrero de 2019 y enero del 2022, la actual Corte Constitucional resolvió 2 519 causas, entre sentencias y dictámenes constitucionales.