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Jueces nacionales removidos recurrirán a instancias internacionales

Los jueces y conjueces removidos en la evaluación a la Corte Nacional se pronunciaron este martes 4 de enero del 2022, en una rueda de prensa en Quito. Foto: Captura Zoom

Luego de que la Corte Constitucional (CC) declarara inconstitucional el reglamento que se usó para evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional en el 2019, los magistrados que fueron removidos de sus cargos se pronunciaron este martes 4 de enero del 2022.  

José Luis Terán, un juez destituido tras esa evaluación, dijo que la jurisprudencia de organismos internacionales establece que los jueces solo pueden ser separados de sus cargos por faltas gravísimas, a través de un sumario administrativo-disciplinario, y no por medio de un proceso de evaluación.  

El 15 de noviembre del 2019, la Judicatura confirmó que 23 de 36 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fueron removidos por no alcanzar el puntaje mínimo de 80/100 para superar la evaluación. 

Para Terán el proceso constituyó “una la violación a la independencia judicial y a los derechos humanos fundamentales de los jueces y conjueces”.  

Además, considera que una de las consecuencias jurídicas del fallo de la CC debía ser la reincorporación de los magistrados removidos a sus cargos en el Alto Tribunal.  

Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional dispone a la “jurisdicción contencioso-administrativa ejercer el mecanismo de reparación correspondiente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que pudieren creerse afectados en sus derechos, sin que esto signifique que puedan ser reintegrados”. 

Los juristas destituidos rechazan ese último aspecto de la sentencia y por eso presentarán recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH. El objetivo es solicitar a esas instancias internacionales la reincorporación a sus cargos. 

David Cordero, abogado de los exmagistrados, dijo que luego de que el Estado pague la indemnización a los afectados, la Procuraduría deberá impulsar procesos de repetición en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y de quienes estuvieron detrás de las remociones. La finalidad es recuperar el dinero que el Estado cancele y así evitar un perjuicio a la población ecuatoriana.  

La exconjueza Beatriz Suárez manifestó que en diciembre un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó una acción de protección a favor de los jueces removidos.  

Ese Tribunal dice que hubo una vulneración de los derechos constitucionales, de la seguridad jurídica y del debido proceso de los jueces y conjueces. Además, ordenó una reparación económica a los afectados. 

El Consejo de Judicatura rechazó el lunes 3 de enero del 2022 esa resolución. El Pleno de esa entidad presentará un recurso de ampliación y aclaración, así como una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Provincial, pues “su contenido va contra el pronunciamiento de la Corte Constitucional”. 

La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que la Corte Constitucional determinó que no existe “vulneración a los derechos de los exjueces y exconjueces que no superaron la evaluación de desempeño”. 

La vocal Maribel Barreno también cuestionó que ese fallo de la Corte Provincial fue firmado por una jueza que tenía licencia de vacaciones y que “actuó cuando su jurisdicción estaba suspendida”.