El legislador Carlos Vera (PSC), presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista para aprobar las Leyes de la Consulta Popular 2024, destacó este miércoles 5 de junio de 2024 la importancia de la aprobación del plan de trabajo y el proceso de socialización para contribuir a la construcción de una ley especial que combata la inseguridad.
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Vera subrayó que esta tarea responde al mandato ciudadano expresado en la consulta popular y a los proyectos remitidos por el Presidente de la República. Enfatizó la necesidad de la participación activa de las autoridades en el uso de sus competencias para fortalecer la lucha contra la inseguridad.
La comisión ocasional recibió a varias autoridades que comparecieron sobre el tratamiento de las leyes de consulta popular. Solo el 30% de las autoridades se presentaron a comparecer, una de ellas de forma telemática y dos enviaron delegados.
A contrarreloj trabaja la comisión, que deberá presentar el informe definitivo hasta el 4 de julio de 2024. Han pasado 22 días desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno Nacional. Es decir, tienen 38 días para tratar las leyes referentes a la consulta popular.
Comparecencia de Carlos Espinosa, asesor del Ministerio del Interior
Carlos Espinosa destacó la relevancia de las propuestas del Presidente de la República y la importancia de contextualizar las medidas de seguridad en el marco del pronunciamiento ciudadano.
Espinosa mencionó la proclamación de resultados del Consejo Nacional Electoral y la necesidad de abordar temas como la enmienda constitucional del artículo 158 de la Constitución. Resaltó que esta enmienda responde a una situación excepcional de seguridad y a la necesidad de un apoyo complementario entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Asimismo, se refirió al control de armas, municiones y explosivos, y a la importancia de extender políticas públicas que atiendan fenómenos estructurales de violencia.
Carlos Espinosa respondió a las preguntas de los asambleístas sobre la simplificación de procedimientos legales. Destacó que no es su lugar interpretar las decisiones de la Corte Constitucional ni determinar si otras autoridades han interpretado correctamente las disposiciones.
Sin embargo, enfatizó la necesidad de simplificar los procesos administrativos y legales para enfrentar eficazmente las condiciones de seguridad del país.
De igual forma, subrayó que cualquier restricción de derechos debe ser definida por la Asamblea Nacional en representación del pueblo ecuatoriano, y mencionó que esta simplificación es crucial para aprovechar estratégicamente los bienes incautados en actividades ilícitas.
El representante del Ministerio del Interior mencionó la importancia de contar con una participación activa del Ministerio del Interior en la estructuración de los proyectos presentados. Indicó que el Ministerio, como organismo rector de la seguridad interna, ha aportado estratégicamente en la formulación de políticas públicas de seguridad.
Comparecencia de Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ante la comisión ocasional
Diana Salazar, Fiscal General del Estado, enfatizó la importancia de que las reformas penales respeten los principios del debido proceso y la proporcionalidad en las penas. Propuso penas privativas de libertad de 5 a 7 años para la tenencia y de 7 a 10 años para el porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
Salazar reiteró la necesidad de que el aumento de penas observe estándares proporcionales para evitar desdibujar el mandato de comportamiento emanado de las normas penales. Subrayó que no es lo mismo tratar con las mismas penas a un delito de peligro que a un delito con resultado material lesivo a un bien jurídico.
En relación con la simplificación del proceso de extinción de dominio, Salazar señaló que la reducción de plazos podría afectar la eficacia en la recuperación de bienes de origen ilícito e injustificado. Destacó la importancia de mantener un equilibrio entre la rapidez del proceso y la garantía de resultados justos y efectivos.
Asambleístas hacen pedidos a las autoridades
En la sesión de la Comisión Ocasional encargada de tratar los proyectos de ley derivados de la consulta popular, la asambleísta Lucía Posso expresó su preocupación por la inasistencia de varios invitados clave. Posso subrayó la necesidad de que las autoridades comparezcan para evacuar inquietudes y generar aportes necesarios en un plazo corto, cumpliendo así el mandato ciudadano.
Destacó que la presencia de los titulares de las carteras es indispensable. Agradeció a quienes asistieron, pero señaló la falta de compromiso de aquellos que ni siquiera enviaron una delegación o una carta de excusa.
Por su parte, la asambleísta Patricia Mendoza se sumó al malestar expresado por Posso. Sugirió emitir un comunicado informando al país sobre las autoridades que no asistieron a la sesión. Mendoza enfatizó la importancia de esta medida, dado que el país está atento al trabajo de la comisión. Resaltó la incomodidad de los asambleístas al tener que dejar sus labores en las comisiones permanentes para atender este tema.
El presidente de la comisión, en su reflexión antes de clausurar la sesión, reiteró la responsabilidad de los comisionados de regular jurídicamente el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano derivado de la consulta popular. Mencionó que de los nueve altos funcionarios convocados, solo dos comparecieron por delegación y destacó la excusa del general César Augusto Zapata debido a una emergencia en Manta.