La Asamblea recibió los informes de gestión de las autoridades de las funciones Electoral y de Transparencia. En ese espacio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, arremetió contra quienes cuestionan la transparencia de los últimos comicios.
La rendición de cuentas correspondientes al año pasado se dio en la modalidad de teleconferencia, debido a las restricciones por la pandemia del covid-19, este martes 18 de enero del 2022.
Atamaint recordó que el año pasado el CNE se concentró en los comicios generales, donde se eligieron 143 autoridades, entre ellos, Presidente de la República, 137 legisladores y 5 parlamentarios andinos.
La funcionaria resaltó que, a pesar de la pandemia, en la primera vuelta presidencial del 7 de febrero de 2021 la participación de los electores alcanzó el 80,99% y en la segunda vuelta, del 11 de abril, una participación del 82,7% de los más de 13 millones de empadronados.
“Estos resultados ratifican el más absoluto respeto a la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Y hago énfasis nuevamente en ello porque aún hay intenciones que buscan cuestionar la transparencia del último proceso electoral, lamentablemente por los malos perdedores”, señaló.
Atamaint advirtió a los legisladores que con dichas acusaciones se pretende “desconocer la legitimidad de las autoridades que como ustedes fueron electas en los comicios”.
Sus declaraciones se dieron en momentos que asambleístas de Pachakutik afines al excandidato presidencial Yaku Pérez impulsan un juicio político en contra del CNE, entre otras causas, por no haber dado paso a un recuento de votos en los comicios.
“Sin embargo, es la fuerza de la razón y los hechos concretos los que se imponen a cualquier consigna que intente posicionar lo contrario. Pues para todos claro que este tipo de iniciativas puede únicamente estar motivada por ansias de protagonismo mediático y político, que no lograrán mermar la confianza de la ciudadanía”, acotó.
Atamaint también aseguró que el presupuesto de USD 91 millones que requirió el CNE para la organización de esos comicios no fueron entregados a tiempo y afirmó que hubo “un claro intento de perjudicar el desarrollo del proceso electoral, que no puede volver a repetirse”.
En medio del concurso para la renovación parcial de este organismo, que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Atamaint señaló que las principales tareas para este año se orientan a las seccionales de 2023 y una posible consulta popular.
“Es urgente la renovación del parque tecnológico y así se puedan aplicar las reformas del Código de la Democracia. También hay grandes retos que implicarán hacer uso de las innovaciones tecnológicas, pues se debe actualizar y depurar el registro electoral; esa es una tarea nunca acabada”, mencionó.
A su vez, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, llamó a los legisladores para que alienten procesos de capacitación a las organizaciones políticas para que no se reediten problemas en el despacho de los reclamos antes este organismo, relacionadas con las primarias e inscripción de candidaturas, por ejemplo.
“¿Por qué es importante hacerlo? Porque las reformas introducidas en el Código de la Democracia en febrero del 2020 implican no solo nuevos retos, nuevos requisitos, nuevos procesos, sino también nuevas responsabilidades que se van a ir presentando como exigencias desde el inicio de aplicación de actividades previstas en el calendario electoral”, anotó.
Refirió que para las dignidades locales se aplicará el requisito de pertenencia para la presentación de candidaturas en las próximas seccionales que deberá ser tomado en cuenta.
Apuntó que el año pasado el TCE tuvo que resolver 1 276 causas relacionadas a los recursos subjetivos contenciosos electorales, infracciones electorales, quejas, consultas y recursos extraordinarios de revisión.
El presidente de la Función de Transparencia, Danylo Silva, y el contralor subrogante, Carlos Riofrío, también presentaron sus balances, los cuales serán analizados en un plazo de 30 días por comisiones de la Legislatura.
