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Pugnas entre Cpccs y Asamblea por designación de autoridades

Entre los asambleístas hay reproches al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por los retrasos en la designación de varias autoridades de control. Foto: Captura

Entre los asambleístas hay reproches al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por los retrasos en la designación de varias autoridades de control. El PSC y el correísmo, por un lado, y el oficialismo, de otro, mostraron posturas divergentes sobre esta coyuntura.

Las disputas internas de las autoridades del Cpccs se evidenciaron este miércoles 12 de enero de 2022, en una comparecencia que se extendió por más de cinco horas en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea.

Los concursos para designar nuevas autoridades para la Contraloría, la Superintendencia de Compañías, Defensoría del Pueblo, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), son las principales tareas pendientes del Cpccs.

Sofía Almeida, Xavier Dávalos y David Rosero, del lado de los consejeros de mayoría, y María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, de la minoría, intercambiaron acusaciones de “boicot”, “fraude”, “trabas” e irregularidades que impiden que los concursos avancen.  

El cumplimiento del cronograma quedó a un segundo plano, aunque Almeida, quien preside el Cpccs, aseveró que tienen “avances considerables”, contraria a los criterios de los legisladores que evidenciaron demoras.  

En la sesión, que se dio en modalidad virtual, los asambleístas del correísmo y del PSC cuestionaron a Ibeth Estupiñán, una de las consejeras, por apartarse de la mayoría que operaba en el Consejo para la toma de decisiones.  

“No voy a ceder a presiones”, replicó Estupiñán y se declaró como víctima de violencia política por parte de la asambleísta socialcristiana Nathalie Viteri, quien ventiló un proceso judicial que enfrenta un familiar y terminó por ofrecerle disculpas.

La consejera aseguró que ha sido objeto de amenazas de muerte desde que el 5 de enero pasado no pudo participar –por problemas técnicos, según dijo- de la sesión en la que el Pleno del Cpccs tenía previsto aprobar el reglamento para la selección del nuevo Superintendente de Compañías.

“No tengo por qué explicar si me he apartado de esa supuesta mayoría. No me debo a ninguna mayoría. Soy técnica”, insistió, al tiempo de señalar que tampoco responde a partidos políticos o funcionarios del Estado.

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, del correísmo, inquirió a los vocales del Cpccs si han recibido presiones del Ejecutivo para los concursos y si se han reunido con Aparicio Caicedo, asesor presidencial.

La consejera María Fernanda Rivadeneira manifestó haber acudido a Carondelet para una reunión por motivos institucionales el año pasado, mientras que Francisco Bravo manifestó que no atendió la invitación por desacuerdos con obras gubernamentales para Manabí, su provincia.

Otros asambleístas que no son parte de la Comisión como Mireya Pazmiño (Pachakutik) y el jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, también participaron de esta sesión virtual.

Flores increpó a la socialcristiana Nathalie Viteri, por actuar como “abogada” de la presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, familiar del legislador Luis Almeida, quien arremetió contra los consejeros de minoría.

Además, el legislador increpó a Almeida por un supuesto pago de un arrendamiento de un inmueble por el doble de las ofertas presentadas por otras 14 propuestas. Sin embargo, ella afirmó que dicho proceso de contratación fue suspendido.

Por su lado, el vicepresidente del Cpccs, David Rosero, aseguró que el organismo tiene problemas presupuestarios para cumplir con sus tareas, ya que para este año se le otorgaron menos de la mitad de los USD 13 millones que tuvo en el periodo pasado.

Comparecencias de ministros

Las autoridades del Cpccs no son las únicas que están en la mira de la Asamblea, sino también los integrantes del Gabinete de Gobierno de Guillermo Lasso.

En la Comisión de Gobiernos Autónomos hubo amenazas de juicio político en contra del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, luego de que se excusó de comparecer a presentar un informe sobre la situación de Zaruma, aunque ya había proporcionado esta información una semana antes a la Comisión de Biodiversidad.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, compareció por videoconferencia a la Comisión de Seguridad. Fue requerida para que entregue información sobre los “narcogenerales” denunciados por Estados Unidos, pero precisó que para acceder a estos datos se requerirá de activar un mecanismo de asistencia penal internacional con ese país.

“Ese proceso de denuncia será presentado ante la Fiscalía General del Estado en el instante en el que se reciban los informes correspondientes a la Policía Nacional”, remarcó la Ministra.

A pesar de que la Constitución no incluye a la comandante de Policía como sujeto de control político de la Asamblea, Tanya Varela se presentó a la Comisión de Seguridad para defender los procesos para el ascenso de generales en el actual Gobierno.

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