El futuro legal de la vicepresidenta Verónica Abad está en manos de la Asamblea Nacional. La jueza Daniella Camacho envió una solicitud al Legislativo, con un plazo fijo para la respuesta.
Camacho remitió el pedido este 12 de junio de 2024. En el documento señaló que, a fin de garantizar el debido proceso, “solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas“. Ella está presuntamente relacionada con el caso Nene.
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El pedido a la Asamblea sobre Verónica Abad
Se argumentó que, en aplicación del principio de celeridad, se remitió a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, a fin de que, en un plazo no mayor a 48 horas, el órgano legislativo emita el pronunciamiento correspondiente.
Henry Kronfle realizó el llamado para la sesión del Pleno de la Asamblea para tratar el tema, que se desarrollará el viernes, 14 de junio de 2024.
La aprobación del inicio del juicio penal a Verónica Abad requiere de, por lo menos, 92 votos.
El caso fue a la Corte Nacional de Justicia y, a su vez, a la Asamblea en vista de que Abad goza de fuero de corte.
Sobre los cargos contra Verónica Abad
En el documento firmado por la jueza Daniella Camacho se especificó que, tomando en cuenta el pedido realizado por la fiscal General del Estado, Diana Salazar, y mientras la Asamblea Nacional resuelve la situación jurídica de Verónica Abad, se darán otros pasos en el caso.
Es así que convocó a los sujetos procesales y a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la Vicepresidenta, y Daniel Lenin Redrován Palomeque a la audiencia oral, pública y de contradicción de reformulación de cargos y vinculación a la etapa de instrucción fiscal.
El proceso tendrá lugar el 17 de junio de 2024, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
Antecedentes sobre el caso Nene y Verónica Abad
La Fiscalía General del Estado, el lunes, 10 de junio de 2024, anunció que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue vinculada al caso Nene.
El delito sería la presunta oferta para realizar tráfico de influencias. No obstante, se habla de que este sea redireccionado para una supuesta concusión.
La investigación de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, sobre el caso Nene arrancó por una denuncia por presuntos actos de corrupción, presentados contra Francisco Barreriro por parte de un exfuncionario de la Vicepresidencia de la República de Ecuador.
Según lo manifestado por el presunto perjudicado, junto al hijo de la Verónica Abad, habrían acordado la entrega de 1 700 dólares mensuales y habrían firmado una letra de cambio por 30 600 dólares, el monto correspondiente a un año. Esto a cambio de un puesto en la institución.
Un presunto delito de concusión
El abogado y docente de la Universidad San Francisco, Xavier Andrade, explicó que en un delito de concusión se sanciona a un servidor público que exige una remuneración o algún tipo de beneficio a una persona, que puede ser un usuario de instituciones.
El delito de concusión se puede sancionar con una posible condena de tres a cinco años de privación de la libertad. Esto además de la pérdida de los derechos políticos.
Según Andrade, en el caso de Verónica Abad, el permiso de la Asamblea es justamente para el juicio. No obstante, recordó, esta es la última etapa en un proceso penal.