La legisladora del movimiento Creo, Ana Galarza, acudió a la Fiscalía el jueves 10 de enero del 2019, para impugnar la denuncia presentada por su exasesor, Lenín Rodríguez. Foto: Andrés García / EL COMERCIO
La Comisión Multipartidista no encontró causales para que Ana Galarza, asambleísta de Creo, pueda ser destituida del cargo como lo planteaba el legislador correísta Ronny Aleaga. Esto, luego de una sesión de la comisión realizada la tarde y noche de hoy, jueves 24 de enero del 2019.
En el documento se indica que durante el proceso no se pudo demostrar que Galarza haya gestionado cargos públicos o nombramientos, por lo que no acogió la denuncia presentada por Aleaga.
Sin embargo, se recomienda que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) establezca una sanción para la legisladora por mal uso de tarjetas electrónicas.
Durante una comparecencia, el martes pasado, la propia Galarza reconoció haber utilizado la credencial de una de sus asesoras para ingresar con su esposo al Palacio Legislativo.
El informe fue aprobado por dos de los tres integrantes de la Comisión: por el presidente, Raúl Tello, del movimiento Unidos Por Pastaza, y por Lourdes Cuesta (Creo).
La correísta Amapola Naranjo, tercera integrante, decidió no participar de la sesión, aunque previamente Tello y Cuesta se reunieron con ella para valorar las pruebas.
Naranjo dijo no estar de acuerdo con que Galarza sea sancionada “por una mera falta administrativa” que podría significar que sea suspendida del cargo por máximo 30 días.
“Yo estaré presentando un informe de minoría porque el pueblo necesita saber la verdad”, puntualizó. Mientras Aleaga, consideró que la Asamblea “perdió la credibilidad su rol fiscalizador“.
Tello, de su lado, rechazó esas críticas. “Esta comisión no se ha extralimitado de sus funciones, no se ha arrogado funciones, hemos cumplido con nuestro rol”, enfatizó.
Tello dijo que este caso no puede ser equiparado, por la falta de pruebas, con el proceso que el año pasado terminó con la destitución de la legisladora oficialista Norma Vallejo.
La aprobación del informe se dio en la víspera de que culmine el plazo de 10 días que le dio el Pleno de la Legislatura para investigar el caso.