Con 116 votos a favor, la Asamblea se ratificó en las reformas al Código Ingenios, que fueron objetadas por el Ejecutivo. Los cambios apuntan a reestructurar las deudas que mantienen los beneficiarios de becas y créditos educativos con el Estado.
La resolución se dio este jueves 13 de enero del 2022. Según el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina (Pachakutik), la reforma favorecerá a 9 200 personas que adeudan USD 64 millones por estos rubros.
“El objeto de la ley implica generar facilidades de pago bajo un régimen especial que permita que los becarios y beneficiarios de créditos y ayudas económicas que hayan incumplido sus contratos dado que actualmente por las disposiciones del Código Orgánico Administrativo no pueden suscribir convenios de pago apegados a la realidad del país”, explicó.
El legislador añadió que esta normativa, que en los próximos días irá al Registro Oficial, “también permite combatir las graves sanciones e inhabilidades generadas por el incumplimiento del pago de créditos educativos” y crear condiciones que permitan liquidar los contratos de becas.
La reforma abarca a dos artículos, una disposición general, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones reformatorias del Código Ingenios. Con ello, el asambleísta independiente Jhon Vinueza manifestó que podrán actuar los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y atender las solicitudes de los becarios, sin temor a glosas de la Contraloría.
La asambleísta Patricia Núñez (Unes) detalló que, al momento, 8 348 personas adeudan a la Senescyt por concepto de becas y créditos educativos y que, además, existen 6 940 procesos coactivos en trámite. Rechazó que el Ejecutivo haya observado que no se han establecido garantías reales o personales a los deudores.
La legisladora Isabel Enríquez (PK) precisó que no se trata de condonar deudas, sino de ofrecerles facilidades para que puedan cumplir con sus compromisos.
Así, por ejemplo, quienes adeudan hasta USD 2 000 tendrán hasta 18 meses de plazo para pagar el crédito, aquellos que adeudan desde USD 2001 hasta USD 5 000, unos 27 meses; y aquellos que adeudan de USD 55 001 en adelante hasta 240 meses, según la tabla aprobada por la Legislatura.
Los votos a favor provinieron de todas las bancadas, menos del oficialismo que se abstuvo, sin intervenir en el debate.
La Comisión de Educación, en su informe no vinculante, consideró que la objeción parcial presentada por el Ejecutivo resultaba “ajena a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que han accedido a créditos de estudio y, sobre todo, ajena a la crisis económica y laboral por la que atraviesa el Ecuador”.
Contenido
La reforma incluye una disposición para que “en el término de 45 días contados a partir de la publicación de la presente ley”, la Senescyt ajuste su normativa para la aplicación.
“Los deudores de créditos educativos, becas y ayudas económicas que se encuentran en procesos coactivos por parte de la institución pública encargada de la administración de becas, seguimiento y asesoría académica, instituciones de educación superior públicas o entidades del sector financiero privado y que se encuentren pendientes de resolución, podrán acogerse al régimen especial de facilidades de pago establecido en esta ley, y las medidas cautelares que hayan sido dictadas dentro de los mismos quedarán sin efecto”, precisa.