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Informe mundial critica la corrupción y la interferencia política en la Justicia de Ecuador

El organismo de derechos humanos también se refiere a la crítica situación penitenciaría en Ecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En Ecuador continúan las demoras en los procesos judiciales y de presión indebida sobre los tribunales, así como la falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción. Así lo señala el informe mundial de la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que se lanzó este jueves 13 de enero de 2022. 

En su estudio, que abarca más de 100 países, el organismo analiza las tendencias mundiales y hace un balance sobre la amenaza autoritaria y otros problemas de derechos humanos en América Latina.  

En el informe HRW le dedica un capítulo a Ecuador. El organismo sostiene que en el país “persisten serias preocupaciones respecto a las malas condiciones y la violencia en los centros de detención, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad”.  

También señala que hay restricciones en el acceso a la atención de la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la escasa protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de personas refugiadas

Según la ONG mundial, la respuesta a la pandemia de covid-19 en Ecuador ha estado marcada por varios señalamientos de corrupción

En los antecedentes, HRW se refiere a la asunción, en mayo de 2021, de Guillermo Lasso como presidente de la República. “Ese mismo mes empezaron sus mandatos de cuatro años los 137 legisladores de la Asamblea Nacional, donde Lasso no cuenta con mayoría, y eligieron a la primera presidenta indígena de la Asamblea”.  

Una de las primeras medidas de Lasso fue presentar un proyecto legislativo orientado a mitigar el grave daño a la libertad de expresión causado durante la década que Rafael Correa ocupó la presidencia, dice el documento. 

El organismo asegura que, durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Las reformas llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno para reparar los daños infligidos por el gobierno de Correa a las instituciones democráticas lograron mejorar la independencia de instituciones clave, pero las demoras en los procesos judiciales, así como de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción, continuaron, subraya HRW. 

Uso de la fuerza por miembros de fuerzas de seguridad 

En su investigación, Human Rights Watch recuerda que el 6 de mayo de 2021, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Defensa de mayo de 2020, la cual otorgaba amplias facultades a las fuerzas militares para participar en operativos de seguridad durante manifestaciones y reuniones, así como para usar la fuerza letal.  

“Agentes de las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza excesiva contra manifestantes en octubre de 2019. La Corte sostuvo que el papel de las Fuerzas Armadas en las actividades de orden público debe ser excepcional, temporal, estar limitado a lo estrictamente necesario y complementar las actividades de los agentes de orden público”. 

En marzo de 2021, dice HRW, una comisión de la verdad creada por la Defensoría del Pueblo para investigar el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones que tuvieron lugar en 2019 atribuyó las muertes de seis manifestantes a las fuerzas de seguridad. Determinó que alrededor de 75 % de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas eran atribuibles a la Policía y 13 % al Ejército. 

Condiciones en centros de detención 

El organismo de derechos humanos también se refiere a la crítica situación penitenciaría en Ecuador. Enfatiza que la sobrepoblación y otras condiciones deficientes, la violencia y la atención de la salud inadecuada son problemas que afectan a las cárceles desde hace tiempo. 

Más de 600 detenidos contrajeron covid-19 en 2020 y se enfermaron estando en pabellones con celdas sobrepobladas. “Algunos de estos internos habrían muerto”.  

En septiembre de 2021, un motín en una cárcel de la ciudad de Guayaquil dejó un saldo de más de 118 detenidos muertos y 52 heridos. “Por segunda vez desde que asumió la presidencia, Lasso decretó el estado de emergencia en las cárceles, esta vez por 90 días”, menciona el informe. 

HRW puntualiza que, en los tres motines registrados durante 2021, policías y soldados intervinieron contra grupos de delincuentes armados dentro de los establecimientos. 

Derechos de las mujeres 

El debate sobre el aborto en Ecuador también llama la atención del HRW. Se refiere a la decisión, el 28 de abril, de la Corte Constitucional que dispuso la despenalización del aborto en todos los casos en que el embarazo sea resultado de una violación. El tema aún sigue en manos de la Asamblea Nacional

“La estigmatización, el maltrato por parte de profesionales de la salud, el temor a enfrentar un proceso penal y una interpretación acotada de la excepción de salud continúan obstaculizando el acceso al aborto. Las mujeres de bajos recursos parecen tener mayores probabilidades de ser procesadas penalmente”, enfatiza el documento. 

La Fiscalía General del Estado informó 49 casos de feminicidio -definido como el homicidio de una mujer en razón de su género- entre enero y septiembre. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil informaron más de 100 casos de asesinatos de mujeres en tan solo los primeros seis meses de 2021.  

Libertad de expresión 

HRW recuerda que poco después de asumir su cargo, el presidente Guillermo Lasso presentó un proyecto de ley para reemplazar la Ley de Comunicación que el expresidente Correa había utilizado para debilitar la libertad de expresión. 

“En 2018, los legisladores eliminaron el organismo conocido como Supercom, que el gobierno de Correa había utilizado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes. En 2020, dejaron sin efecto una disposición problemática que identificaba a la comunicación como un servicio público”, apunta el informe.  

El 6 de mayo, la Asamblea saliente aprobó una ley para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad. Si bien la ley tenía por objeto abordar la violencia de género en línea, podía restringir gravemente la posibilidad de periodistas y otras personas de documentar y exponer conductas indebidas y violaciones de derechos humanos, acota HRW. 

El presidente Lasso vetó algunas disposiciones penales problemáticas sobre calumnias y divulgación de información secreta o personal. Sin embargo, los legisladores conservaron una definición excesivamente amplia de calumnia, que puede configurarse “a través de cualquiera de las tecnologías de la información y la comunicación”.

 

Covid-19 y corrupción 

La investigación además analiza la pandemia de coronavirus. “La enfermedad golpeó fuertemente a Ecuador, con 513 026 casos informados y 32 899 muertes por covid-19 hasta octubre de 2021”.  

En junio de 2020, ante denuncias de desaparición de cadáveres de personas que habían muerto tras contraer covid-19, un juez ordenó a las autoridades que identificaran los cuerpos en morgues de hospitales y de la Policía en la ciudad de Guayaquil. “Cuando se redactó este informe, decenas de familias aún buscaban los cuerpos de sus familiares”. 

A pesar de algunas mejoras, añade HRW, la transparencia en los gastos del gobierno en respuesta a la pandemia sigue teniendo vacíos, sobre todo en lo que respecta a la identificación de los beneficiarios efectivos y la publicación de contrataciones de emergencia

La Fiscalía ha investigado señalamientos de corrupción vinculados con la crisis de covid-19, como malversación de fondos y compras de insumos médicos con sobreprecios.  

Según reza el documento, el gobierno del presidente Lasso aceleró la aplicación de vacunas, y en octubre la cantidad de personas que habían recibido el esquema de vacunación completo era mayor al 57 %.  

El organismo mundial aborda en su estudio otras temáticas como derechos de niños, niñas y adolescentes; derechos de las personas con discapacidad; orientación sexual, identidad de género y características sexuales; derechos de pueblos indígenas; derecho a la privacidad… 

Además, examina los casos de juicios por abusos del pasado; el tema de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes y el papel de los actores internacionales clave y la política exterior. 

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