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Asamblea logra ratificarse en observaciones al presupuesto 2022

La Asamblea sesionó por tres horas sobre el tema del presupuesto del 2022. / Foto: Cortesía de la Asamblea Nacional

Con 96 votos a favor y 39 abstenciones, la Asamblea Nacional se ratificó en las observaciones realizadas al presupuesto general del Estado para 2022, en lo que tiene que ver con las asignaciones a salud, educación, incentivos jubilares, rehabilitación social y monetización de bienes públicos. 

La resolución se dio este lunes 7 de diciembre de 2021, después de tres horas de un debate dominado por asambleístas del correísmo y de Pachakutik, quienes rechazaron que el Ejecutivo no acogiera las objeciones que le hizo el Parlamento en primera instancia. 

El Presupuesto General del Estado para 2022 asciende a USD 33 899 millones, frente a los USD 32 948 millones que se tuvo este año, cuando Ecuador empieza a recuperarse de los estragos de la pandemia del covid-19. 

El Parlamento necesitaba de una mayoría calificada (92 votos) para ratificarse, cifra que fue sobrepasada. Alcanzó cuatro más, después de que los bloques de Unes, Pachakutik y parte de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC) votaran a favor. Las 39 abstenciones provinieron del oficialismo y asambleístas independientes. 

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (Pachakutik), argumentó que en las asignaciones existía una disminución de USD 218 millones para salud y de USD 311 millones para educación. 

Agregó que el Ejecutivo tampoco había determinado los mecanismos o modalidades a través de los cuales se obtendrían los recursos por venta o monetización de activos del Estado, como el caso del Banco del Pacífico

Desde la bancada oficialista, solo el asambleísta Guido Chiriboga salió a defender el presupuesto planteado y refutó a Pazmiño, pues aseveró que las asignaciones para salud registraban un aumento de USD 540 millones; para educación, USD 560 millones; y, para los incentivos por pensiones jubilares se habían asignado USD 240 millones para 2022. 

“Estos aumentos cumplen con exceso lo requerido por la Constitución”, dijo Chiriboga. Sin embargo, otros asambleístas como Juan Cristóbal Lloret (Unes) señalaron que dichas cifras diferían al comparar lo presupuestado para el nuevo año versus lo codificado para el año anterior. 

Los asambleístas Mario Ruiz y Salvador Quishpe, de Pachakutik, rechazaron que se pretenda financiar el presupuesto con la venta de bienes públicos. Señalaron que se busca reeditar las prácticas de los 90 donde “privatizaron todo” como eléctricas y telefónicas.  

Chiriboga insistió que la venta del Banco Pacífico serviría para un plan contra la desnutrición crónica infantil e incluso recordó que este era un plan del expresidente Rafael Correa. 

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), criticó que el Ejecutivo no incluyera en la proforma “mecanismos para el pago de la deuda de más de USD 16 000 millones a favor del IESS, de los cuales USD 4 300 millones son por conceptos del seguro de salud”. 

Los asambleístas independientes César Rohón y Pedro Velasco concordaron en que el país requiere debatir una nueva forma de desarrollo. 

“La palabra central debe ser financiamiento o desfinanciamiento”, dijo Velasco. 

“El modelo de gratuidad en el país no funciona, está colapsado”, agregó Rohón. La bancada del PSC no intervino en este debate. 

Alcances 

El artículo 295 de la Constitución dice que “La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo”.  

“La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”. 

Así también lo señala el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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