La Asamblea Nacional heredó 423 proyectos de ley
La titular de la Asamblea, Guadalupe Llori (centro), se reunió con el CAL y con miembros de las comisiones. Foto: Flickr Asamblea Nacional
El recibir una herencia de 423 proyectos de ley represados de la anterior Legislatura tomó por sorpresa a los nuevos integrantes de la Asamblea. La mayor cantidad la concentran las comisiones de Justicia, Trabajo y del área económica.
El primer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Darwin Pereira (PK), dijo que este organismo prevé sesionar esta semana para analizar una solución a este problema, antes de que empiecen a acumularse los nuevos proyectos.
“Nos quedamos sorprendidos, no sabemos qué ha estado haciendo la Asamblea anterior, cómo se dejó llenar de tantos proyectos”, dijo. Algunos proyectos tienen más de ocho años de antigüedad, pese a que la Asamblea anterior aprobó 75 leyes en sus 4 años.
En la Comisión de Justicia hay 97 proyectos pendientes, que van desde reformas penales, Código Civil, ley electoral o en materia de protección a la niñez y adolescencia. Apenas dos tienen informes para primer o segundo debates.
Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión, adujo que “lamentablemente, no ha existido un proceso de transición” con la anterior Legislatura, y que aún se recaba información para determinar las causas de este problema.
Otros 97 proyectos están en la Comisión de Trabajo. Se relacionan a reformas laborales o a la seguridad social.
La asambleísta Marcela Holguín (RC), una de sus integrantes, responsabilizó de esta situación a las cabezas de la comisión y de la Asamblea, pues a estas les corresponde definir prioridades.
La asambleísta reelecta prefiere no atribuir esta realidad a los líos que atraviesa hasta ahora la extitular de esta mesa, Karina Arteaga (AP), quien siguió en su curul a pesar del proceso judicial que afronta por supuesta concusión.
Holguín considera que las reformas a la Ley Legislativa, donde se estipulan plazos específicos para la preparación de informes para primer o segundo debates, contribuirán a mitigar esta situación.
“Eso sería lo ideal. El problema es que eso también tiene que venir de una voluntad política, no solo de quienes están al frente de comisiones sino de toda la Asamblea”, anotó.
Pereira prevé que el tratamiento de los proyectos se “oxigene” con la actual estructura del Parlamento, pues las comisiones especializadas pasaron de 12 a 15 en este periodo.
“Vamos a estar muy vigilantes de que las comisiones tengan el mismo peso o una igual carga de trabajo”, señaló.
Libia Rivas, directora del Instituto de Estudios Legislativos, concordó en que las reformas permitieron “sincerar los plazos” y terminar con la discrecionalidad que había para el manejo de los proyectos.
Si se aplican los plazos máximos que se estipulan en la norma, desde su calificación en el CAL y el debate en las comisiones, la aprobación de un texto en el Pleno no debería tomar más de 17 meses; caso contrario, los asambleístas están sujetos a una suspensión en sus funciones, pues incurrirían en una falta administrativa “muy grave”.
Así, por ejemplo, en un plazo máximo de cinco días la Unidad Técnica Legislativa (UTL) deberá enviar un informe, que no tendrá el carácter de vinculante para el CAL. Y este organismo, en no más allá de 60 días, calificará el proyecto y lo remitirá a una comisión especializada para que en 90 días entregue un informe para primer debate.
“No es que tienen la obligación de sacar en 90 días, podrían hacerlo en menos; lo que sí tienen que garantizar son los menos establecidos, en el primer debate para la participación ciudadana (mínimo 15 días). Esperemos que esta Asamblea no llegue a los topes”, dijo Rivas.
El 14 de julio vence el plazo que tiene la Asamblea para presentar una agenda. Las reformas a la Ley Legislativa estipulan claramente que la “agenda será presentada en el plazo máximo de sesenta días desde la posesión del Presidente de la Asamblea y será evaluada de manera semestral”.
De allí que la presidenta, Guadalupe Llori, quien asumió el puesto el 15 de mayo, ya adelanta reuniones con el Consejo de Administración de la Legislatura, con los presidentes de las comisiones especializadas y con representantes de las bancadas legislativas.
“Estamos haciendo que participen todas las bancadas y allí se verán cuáles son los ejes en los que nos vamos a basar para los 100 primeros días, y luego para los próximos cuatro años tenemos otra agenda”, explicó.
Además de estos proyectos represados hay otros que aguardan por ser calificados por el CAL, como la Ley de Libre Expresión, que fue remitida por el presidente Guillermo Lasso a los dos días de asumir el cargo; o la reforma a la Ley de Compañías, que envió Lenín Moreno 12 días antes de dejar Carondelet.
La Legislatura se enfrenta a una gran disyuntiva: priorizar los temas que ya cuentan con informes para primero o segundo debates, o que se trabaje en función de las necesidades actuales.
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