La Asamblea se enfrasca en denuncias para evaluar a sus autoridades

El vicepresidente de la legislatura, Iván Saquicela, es el opcionado para suplir a Guadalupe Llori si es destituida. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO
Las tres denuncias que fueron presentadas en contra de las autoridades de la Asamblea enfrentan sus primeros escollos. Uno tiene que ver con la prohibición legal de que nadie puede ser “juez y parte”; otro, con una posible nulidad en el procedimiento.
La calificación de estas denuncias se prevé para el próximo lunes 11 de abril, después de la accidentada sesión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), donde fue apelada la presidencia a Guadalupe Llori (PK) y asumió la conducción el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.).
A los integrantes de este organismo les corresponderá calificar la denuncia, antes de dar paso a que el Pleno conforme una comisión pluripartidista para la investigación, de acuerdo con los arts. 18 y 166 de la Ley Legislativa.
Denuncias
El primer problema surge porque las denuncias que presentaron Fausto Jarrín, del correísmo, y Grúber Zambrano (exPSC), con el apoyo de Pachakutik, involucran a todos los miembros de la directiva. A diferencia de la presentada por el PSC, que solo es contra Llori. Un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado recordó a la Asamblea que “si la denuncia se dirige respecto de una autoridad que integre este órgano colegiado, dicha autoridad se deberá abstener de intervenir en la calificación de la misma”, acorde al art. 232 de la Constitución.
Las siete autoridades del CAL no tienen alternos. Como una salida, Darwin Pereira (PK) y Ronny Aleaga (Unes) creen que deberán excusarse y dejar que los expedientes vayan al Pleno. Es una situación inédita, no prevista en la Ley.
“Al estar todos los asambleístas del CAL denunciados, lo que hemos dicho es que esto tiene que subir al Pleno, porque no podríamos tratar una denuncia contra nosotros mismos”, sostuvo Pereira.
En eso coincidió el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.). “Por encima de la Ley está la ética, están los principios”.
Aleaga aseguró que el proceso de sustanciación no impedirá que las autoridades de la Asamblea sigan actuando. “En un estado de derecho, siempre se debe respetar la presunción de inocencia; y en este caso, no existe todavía ningún incumplimiento demostrado”.
Posible nulidad
El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, alertó que la nueva mayoría en el CAL pudo haber incurrido en una nulidad del procedimiento, al intentar acelerar el trámite en la accidentada sesión del jueves.
Las únicas que votaron en contra del pedido de Darwin Pereira (PK) para que el CAL conociera las denuncias, 24 horas después de haber sido presentadas, fueron Llori y la oficialista Nathalie Arias, cuando estaban previstos otros temas.
Ambas recordaron que la Presidenta tiene tres días de plazo para conocer la denuncia y el CAL, otros 5 días para resolver. “Ese es el debido proceso, pero en este instante por el apuro han entorpecido el tratamiento de las tres denuncias ya presentadas”, dijo Arias.
La legisladora consideró que se deberá buscar la manera “en que se puede declarar la nulidad de esa sesión, tras indicar que el CAL tampoco tiene capacidad para autoconvocarse, como planteó el primer vicepresidente.
Saquicela sale del BAN
El altercado entre Saquicela y el secretario de la Asamblea, Álvaro Salazar, en el CAL, fue rechazado por la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes.
“La actitud de un legislador no puede ser nunca en función de agredir… hacer de menos a alguien”, señaló Juan Fernando Flores, jefe de este bloque. De esta forma, Saquiecela quedó al margen de esta bancada que ha venido votando con las tesis y los proyectos de ley del Ejecutivo.
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