El acuerdo de gobernabilidad no duró ni un año. Guadalupe Llori, quien llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional con apoyo del oficialismo, la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK), hoy está en la cuerda floja.
El 15 de mayo de 2021, Llori asumió la Presidencia después de que su coideario Salvador Quishpe, Henry Kronfle (PSC) y Rina Campain (Creo) no lograran el número necesario de votos.
Eso significó un punto de quiebre, no solo para el Parlamento que, por primera vez, sería comandado por una representante de PK, sino también para el Gobierno; desde entonces empezó la pugna con su aliado electoral, el PSC.
La Presidenta de la Asamblea obtuvo tiempo. Las medidas cautelares, concedidas por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, bloquearon la conformación de la Comisión Multipartidista para evaluarla, en la sesión del martes 5 de abril de 2022. Ayer miércoles 6 de abril de 2022, Llori insistió en que no se aferra al cargo. En un comunicado señaló que, cuando se trata de defender la democracia no se puede dar un paso al costado. Respecto del proceso para su salida indicó que es necesaria la presentación de una denuncia, el tratamiento del pedido por parte de la Comisión y después el pronunciamiento del Pleno.
Dos analistas políticos coinciden en que la situación de la principal del Parlamento tiene su origen en el acuerdo que la llevó al cargo. Sin embargo, aquí presentamos cinco momentos que abonaron a su debilitamiento.
El acuerdo para la Presidencia
Daniel Crespo, docente universitario, menciona que hubo una interpretación errónea sobre el tipo de alianza. Varios sectores, incluido el Gobierno, creyeron que sería un acuerdo permanente a mediano plazo, para lograr gobernabilidad, cuando en realidad se trató de un pacto que originó mayorías móviles para temas específicos.
Para Pedro Donoso, analista político, el problema tiene que ver también con la conformación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). A su criterio, no hay una representación real de las fuerzas políticas del Pleno y eso, “tarde o temprano, iba a estallar”.
Cuestionamientos en viáticos y contrataciones
En septiembre pasado, una factura sobre una estadía de Llori en Tena por USD 846 llamó la atención. Sobre eso, se dijo que Llori habría pedido reembolso. Su reacción fue solicitar la renuncia a su equipo. Dos personas salieron.
También hubo cuestionamientos a la contratación de eventos para la Asamblea Nacional. La principal del Legislativo suspendió una por USD 100 000. También fue cuestionada por un proceso de compra de seis vehículos de alta gama. Sin embargo, Llori dijo que no había dado esa orden, aunque sí se discutió.
División en PK
El 18 de febrero de 2022, Llori denunció “intenciones desestabilizadoras” por parte de un grupo de sus propios coidearios. “Son la peor vergüenza, créanme que soy una hija de Dios, y me permitió descubrir su plan desestabilizador, esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que se hacen llamar Pachakutiks”, dijo.
El 1 de abril pasado, Marlon Santi, coordinador nacional de PK anunció la separación del bloque de seis legisladores. Se trató de Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Fernando Cabascango y Darwin Pereira, denominados como los rebeldes.
El manejo del Parlamento
El 7 de diciembre de 2021, en la sesión 747 del Pleno, el ahora exasambleísta independiente César Rohón apeló por primera vez la Presidencia. Rechazó la conducción de la sesión en el tratamiento del caso Pandora Papers.
Después, el 24 de febrero apeló Esteban Torres (PSC). Algo similar ocurrió el 29 de marzo pasado, cuando el asambleísta Cristóbal Lloret (correísmo) hizo escuchar su pedido mientras Llori solicitaba que empezara una votación.
Medidas cautelares
El Tribunal de Garantías Penales le dio un respiro. El recurso legal fue cuestionado por los asambleístas de Unes, PSC e incluso por Rafael Lucero, jefe de la bancada de PK. Ese escenario llevó a los opositores a presentar dos denuncias para iniciar el trámite de su salida.
El recurso de medidas cautelares no es nuevo para evitar la salida de un cargo. Recientemente, Sofía Almeida recurrió a ese recurso para no perder la presidencia del Concejo de Participación. Jorge Yunda, exalcalde de Quito, también las obtuvo para evitar que el Concejo Metropolitano lo removiera.
