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Asamblea ve ineludibles las contribuciones

El 28 de abril del 2020 se vence el plazo para que las dos comisiones de la Asamblea Nacional envíen el informe de primer debate. Este documento debe ser conocido y tratado en sesión del Pleno del Parlamento.

El 28 de abril del 2020 se vence el plazo para que las dos comisiones de la Asamblea Nacional envíen el informe de primer debate. Este documento debe ser conocido y tratado en sesión del Pleno del Parlamento.

El 28 de abril del 2020 se vence el plazo para que las dos comisiones de la Asamblea Nacional envíen el informe de primer debate. Este documento debe ser conocido y tratado en sesión del Pleno del Parlamento.

La Asamblea agotará esta semana la primera fase en el tratamiento de Ley Humanitaria y de la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas. Tanto el presidente de esta Función, César Litardo (AP), como los asambleístas de Creo y de los bloques independientes concuerdan en que no se puede prescindir de los aportes de empleados y empresas.

Fernando Burbano, del Bloque Acción Democrática Independiente (BADI), dice que los que más tienen deben aportar solidariamente para “sostener a los que menos tienen”.

Se trata del primer consenso. Cuando el Ejecutivo remitió sus propuestas, el 16 de abril, este tema era el que mayor resistencia tenía en las bancadas. Sin embargo, AP, BADI, el Bloque de Integración Democrática (BIN) e incluso Creo creen que esa es la vía. Incluso el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) han modulado sus posturas.

Lo que falta, luego de cuatro sesiones previas, es que los asambleístas se pongan de acuerdo sobre la base para la aplicación de las contribuciones solidarias. Para las personas naturales bajo relación de dependencia, el Ejecutivo propuso que sean aplicadas por nueve meses y de manera progresiva para los empleados con salarios superiores a los USD 500 mensuales.

La Comisión de Desarrollo Económico concluyó el domingo 26 de abril del 2020 el análisis del proyecto y prevé reunirse este lunes 27 de abril para aprobar el informe que será enviado para primer debate.

El presidente de la mesa, Esteban Albornoz (AP), planteó que la base sean los sueldos a partir de USD 720. Albornoz adujo que ese monto está acorde al valcosto de la canasta básica y resaltó que la alternativa provino del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El domingo, Litardo convocó al bloque de AP para una reunión y definir una postura. “La base presentada por el FUT es importante”, acotó Luis Pachala, coordinador de Creo.

César Rohón (PSC) pidió que esto se aplique para quienes perciben salarios desde los USD 1 000; la correísta Carmen Rivadeneira, a partir de los 1 300; y Homero Castanier, de Creo, desde los USD 1 500.

En lo que tiene que ver con el aporte del 5% por parte de las empresas cuyas utilidades superan los USD 1 000 tampoco hay acuerdos. Rohón advirtió que se abstendrá de votar si los valores que se planea recaudar no son considerados como un crédito tributario.

Guillermo Celi, de Suma, propuso gravar con 2% a los bienes de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Los comisionados pidieron que los puntos en los que no se alcancen acuerdos en la mesa sean resueltos por el Pleno. Otro tiene que ver con no excluir a los policías y militares de estos aportes, y solo exceptuar a los salubristas.

Las alternativas del Ejecutivo sobre mecanismos de flexibilidad laboral frente a la crisis también tienen reparos. Unos plantean que este tipo de contratos entre empresarios y empleados debería firmarse de forma colectiva, mientras otros sugieren que se lo haga de modo individual.

En lo que sí coincidieron es en eliminar una disposición general del proyecto que pretende reducir en un 10% los sueldos de los servidores públicos. Señalaron que se trata de una acción inconstitucional, pese a que varios juristas creen que es factible.

Los informes para el primer debate de ambos proyectos estarán listos hasta este martes 28 de abril, después de una semana de análisis en dos comisiones.

La Comisión de Régimen Económico también prevé sesionar este lunespara aprobar el informe sobre el proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, que abarca cambios referentes al techo de la deuda, autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y la Seguridad Social.

El artículo 140 de la Constitución estipula que el Parlamento tiene la facultad de aprobar, modificar o negar una propuesta normativa.

A diferencia de lo que ocurrió en noviembre pasado con el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, la opción del archivo se mantiene fuera de los discursos de los legisladores.

Alianza País (AP), Creo y los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI) apuestan por hacer ajustes al proyecto del Ejecutivo. Pese a la ruptura del acuerdo parlamentario que mantuvieron hasta febrero pasado. César Litardo concluyó que la idea de la ley es que “los que más tienen más aporten”.

Tras el primer debate, las comisiones tendrán un plazo de cinco días para recoger las observaciones de los legisladores y preparar otro informe para el segundo debate. Allí será sometido a votación el proyecto que será remitido al Ejecutivo para sus observaciones. En ambos casos, el plazo vencerá el próximo 16 de mayo.

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