La crisis que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) genera reacciones este jueves 10 de febrero del 2022 en la Asamblea Nacional. Las bancadas de Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) y Unión por la Esperanza (Unes) impulsan un pedido de juicio político en contra de cuatro vocales del organismo.
En una rueda de prensa conjunta, el presidente de la Comisión de Transparencia, Ferdinand Álvarez (Unes, corrísmo), Jorge Abedrabbo (PSC) y Mario Ruiz, de Pachakutik, anunciaron que pedirán la comparecencia de los integrantes del Consejo de Participación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; y la cúpula policial para el próximo lunes 14 de febrero.
“Los principios democráticos del país han sido vulnerados. No podemos perder la capacidad de asombro, mirar a un costado”, dijo Álvarez. El legislador rechazar la intervención de la Policía en la pugna de los consejeros por el control del organismo, a lo que calificó de “golpe institucional”.
Mientras a un costado de la rueda de prensa se ubicaron otros legisladores de estas bancadas, Abedrabbo manifestó: “Aquí no estamos defendiendo persona, no estamos defendiendo a alguien, lo que estamos defendiendo es la democracia, la institucionalidad”.
Ruiz, por su parte, mencionó que esta postura es respaldada por los “asambleístas rebeldes” de Pachakutik, quienes han marcado distancias con las decisiones de los líderes de la bancada.
Pedido de juicio político contra mayoría del Cpccs
El primer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Darwin Pereira, también de las filas de Pachakutik, dijo que en tres días se conocerá si el pedido de juicio político en contra de los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Francisco Bravo reúne los requisitos para ser tramitado.
La solicitud fue conocida la noche del miércoles por el CAL en menos de 24 horas de ser presentado. Álvarez adujo que el pedido de interpelación se centra en los cuatro consejeros porque los acusó de modificar el reglamento para elegir al Contralor General del Estado, aprobado en agosto pasado y responder al Gobierno. El legislador también llamó a la Fiscalía para que investigue la situación.
El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, rechazó las acusaciones contra el Ejecutivo. “Las acusaciones que hacen tienen que tener fundamento porque es fácil señalar, pero hasta ahora no han demostrado ni con una sola prueba de que haya alguna relación entre lo que ocurrió en el Cpccs y el Gobierno”.
Flores sostuvo que a la justicia le corresponderá determinar la validez de lo actuado en el Cpccs, donde fue removida la presidenta, Sofía Almeida, y el vicepresidente David Rosero. Ambos están reemplazados por Hernán Ulloa y Fernanda Rivadeneira.
“Nosotros hemos revisado los procesos que se han venido dando y lo que se ha hecho cumplen todos los procedimientos legales”, afirmó.
La primera vicepresidente de la Asamblea, Yeseña Guamaní, manifestó que su bancada de la Izquierda Democrática (ID) todavía no decide si apoyará el pedido de interpelación.