El bloque de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se ampara en una medida cautelar ratificada a favor de Sofía Almeida, como presidenta del organismo. Con la resolución judicial, desconocen a las nuevas autoridades designadas el 9 de febrero del 2022.
Los consejeros Sofía Almeida, David Reinoso y Juan Javier Dávalos se pronunciaron de forma presencial ante los medios este jueves 10 de febrero del 2022, en la sede de Quito, donde permanecieron desde el miércoles.
Almeida y Rosero se ratifican en sus cargos con la sentencia emitida este jueves 10 de febrero del 2022 por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karly Vargas.
En el documento, la magistrada dice que no ha sido notificada sobre una revocatoria y que eso es facultad del mismo Juez que dictó la medida cautelar.
En consecuencia, “me ratifico íntegramente en la medida cautelar otorgada y con efecto modulatorio dispongo que se deje sin efecto cualquier acto administrativo o actuación posterior al otorgamiento a esta medida”, reza el documento firmado por la Jueza Vargas.
También ordena poner la decisión en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional.
Reacciones de los funcionarios removidos
“Por lo cual, todas las actuaciones realizadas el día de ayer (9 de febrero) son nulas e ilegales, No tienen validez. Ratifico mi compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución”, manifestó Almeida.
Rosero, en cambio, anunció que presentarán una demanda en la Fiscalía por “usurpación de funciones y simulación de cargo público” en contra de los cuatro consejeros de mayoría.
“Ayer dieron un show con el auspicio del Ministerio del Gobierno, del CNE, del Mintel y la Policía Nacional”, aseguró Rosero.
La minoría espera que la Asamblea Nacional continúe con la fiscalización. Existe el pedido de un juicio político en contra de los consejeros de mayoría.
“Ayer vimos un atentado auspiciado por el Gobierno nacional, donde estuvo vinculada la Policía Nacional. No fue suficiente que, a partir de amenazas, nos quieran llevar a una consulta popular para eliminar el Cpccs. Se dieron cuenta que era más fácil cooptar a una mayoría”, dijo Dávalos.
Además, Almeida publicó en sus redes sociales y del Consejo de Participación, la certificación emitida por Carlos Chiriboga, secretario General de la institución. El funcionario no actuó en la reinstalación del Pleno del miércoles. Se delegó a otro como secretario ad doc.
“Certifico que todas las acciones administrativas o de cualquier índole institucional realizadas por el Sr. Nelson Silva Torres el 9 de febrero de 2022 a partir de las 13:51, gozan de nulidad y por ende carecen de validez alguna al haber sido notificada la terminación de su contrato laboral”, apuntó Chiriboga.