En un principio estaba previsto que el análisis de la situación que afronta Ana Galarza ocurriera este martes 5 de febrero, pero Elizabeth Cabezas comentó que se lo postergó para el jueves. Foto: Archivo EL COMERCIO
Para el próximo jueves 7 de febrero del 2019 se aplazó la reunión en la que el Pleno de la Asamblea debatirá la aplicación de una sanción a la legisladora Ana Galarza, de Creo, por supuestas irregularidades en su despacho.
Esto lo confirmó hoy, martes 4 de febrero del 2019, la presidenta de la Función Legislativa, Elizabeth Cabezas, antes de emprender un viaje a Ginebra (Suiza) a los preparativos para la Quinta Conferencia Mundial de Oradores del Parlamento (2020).
En un principio estaba previsto que el análisis de la situación que afronta la legisladora ocurriera este martes 5 de febrero, pero Cabezas comentó que se lo postergó para el jueves, en virtud de una solicitud presentada por Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo.
Cuesta forma parte de la Comisión Multipartidista que investigó a Galarza y su intención es participar de la sesión, tras recuperarse de una intervención quirúrgica a la que fue sometida la semana pasada.
En primera instancia, el Pleno deberá conocer un informe que recomienda que se le aplique una sanción administrativa (no más de 30 días de suspensión) por uso indebido de tarjetas magnéticas del Parlamento.
El documento fue presentado por Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, y Lourdes Cuesta, de Creo, dos de los tres integrantes de la Comisión Multipartidista que se conformó para investigarla.
Si al interior del Pleno no hay una mayoría absoluta para aprobar ese informe, se procederá a analizar el que fue presentado por la correísta Amapola Naranjo, tercera integrante de la Comisión, que considera que existen méritos para la destitución de Galarza.
“Nosotros vamos a tratar en el orden que están, primero el informe de mayoría, luego de ser necesario se tratará el informe de minoría. No hay ninguna prohibición que a nosotros nos impida tratar los informes que sean emitidos por la comisión”, expresó Cabezas.
Aunque Galarza insiste en que todo se trata de “calumnias” y de retaliaciones por su rol de fiscalizadora, solo los 21 legisladores de su bancada han cerrado filas en su apoyo en la Asamblea.
Desde el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes y César Rohón señalan que “nadie puede estar por encima de la Ley y por lo tanto a todos debe medirse con la misma vara”.
La misma frase repite Lenín Plaza, coordinador del movimiento oficialista Alianza País (AP) y la oficialista Silvia Salgado, quienes se inclinan por apoyar el informe que defiende el grupo correísta.
Desde el movimiento Suma, la legisladora Gabriela Larreátegui consideró que una tercera opción sería solicitar la renuncia de Galarza.
