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Amnistías se esperaron hasta por 6 años

Fotografía del debate del reglamento para la admisión y tramitación de las solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional. Foto: Fernando Sandoval / Asamblea Nacional

El otorgamiento de las amnistías por parte de la Asamblea Nacional ha generado múltiples reacciones en la última semana. Hay procesos legales en contra de estas resoluciones, protestas afuera del Palacio Legislativo y hasta pedidos de disolución de todo el organismo.

Los cuestionamientos especialmente han girado en torno a los actores políticos y funcionarios que estuvieron dentro de este paquete. Sin embargo, los datos oficiales indican que, de las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso Judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019.

Mientras tanto, 153 son defensores de los territorios comunitarios, 12 administradores de justicia indígena y 43 defensores de la naturaleza, refiere el informe aprobado por la Legislatura.

Los procesos judiciales indican que entre estos últimos grupos existen personas que esperaron por el perdón de sus penas hasta seis años. Además, enfrentaron juicios de instituciones públicas como la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, de representantes de empresas privadas y personas ligadas a grupos políticos.

De allí que en comunidades de la Sierra y Amazonía se tiene planificada una serie de actos para reivindicar los derechos a la protesta. En estos casos, la amnistía puso fin a juicios por más de 23 delitos.

Las familias fueron criminalizadas

Tengo 28 años y soy estudiante de la Universidad Central. Con la llegada de la pandemia tuve que regresar a mi natal Buenos Aires, en Carchi. Nuestra comunidad ha sido afectada por la minería ilegal y por empresas de extractivismo. Por eso, en octubre del 2020 acudí a una marcha pacífica para rechazar la explotación de la naturaleza y de nuestros territorios.

En esa protesta había muchos niños y personas de la tercera edad. La Policía nos agredió y fue el inicio de seis procesos penales en mi contra. Fui acusada por daño a bienes ajenos, asociación ilícita e intimidación. Mi padre también fue judicializado por dos delitos que no cometió. Nuestra historia se repitió con más de 70 familias.

En nuestra comunidad hay hogares con todos sus miembros judicializados. El miedo a ser detenidos siempre ha estado latente y más cuando nos enteramos del asesinato de Víctor Guaillas. Él fue apresado por la protesta social y fue víctima de las revueltas del año pasado dentro de las cárceles.

El temor ha crecido también por el constante hostigamiento de la Policía. En nuestra comunidad siempre hay agentes de Inteligencia que nos persiguen y nos toman fotos. Todos se hospedan en un hotel y todos los reconocen.
Todo esto fue presentado con pruebas en la Asamblea para las amnistías. Poco a poco se va haciendo justicia.

Gabriela Fraga fue beneficiada por la amnistía en cuatro procesos. Dos casos más siguen abiertos.

Nuestro delito fue defender la tierra

Vivo en la comunidad de Toglla de la parroquia Guangopolo. Exactamente en las faldas del volcán Ilaló.
Este territorio es uno de los pulmones de Quito y por eso todos los miembros de nuestra comunidad hemos sido protectores de este territorio por más de 60 años. Por eso, hemos luchado para evitar que traficantes de tierras, inmobiliarias y extraños ingresen para destruir la naturaleza.

Esa lucha nos llevó a enfrentar procesos penales que fueron abiertos por familias que quieren atribuirse como su propiedad más de cinco hectáreas. Durante estos años, 54 comuneros hemos sido acusados por delincuencia organizada, usurpación y tráfico de tierras.

Juntos hemos tenido que soportar que la Policía llegue y permanezca fuera de nuestras casas para llevarnos a los juzgados o entregarnos los citatorios. Han sido años duros, pues no hemos podido dormir de la preocupación. Otros, en cambio, tuvieron que vender sus animales y sus propiedades para costear las sumas económicas que arrastran estos procesos legales.

Por fortuna, la Asamblea Nacional nos escuchó y nos otorgaron la amnistía. Ellos descubrieron que nuestro único pecado fue defender la tierra en la que vivimos. Esta noticia la recibimos con alegría y, el próximo mes, en la comunidad realizaremos un acto de agradecimiento a la naturaleza.

Nancy Simba es madre de familia, es líder social y actualmente es vicepresidenta de la Comunidad de Toglla.

Estuve exiliado en la selva peruana

Durante siete años he sido perseguido por la Policía, las empresas mineras y los Gobiernos de turno. He enfrentado cuatro procesos penales y estuve exiliado en la selva peruana durante seis meses.

Todo empezó en 2016, cuando el expresidente Rafael Correa autorizó la extracción de recursos naturales en Morona Santiago. Como líderes indígenas y defensores de la naturaleza nos opusimos rotundamente al ingreso de empresas que solo venían a explotar nuestra tierra.

Por años hemos soportado que personas ajenas a nuestras comunidades invadan y dividan a nuestros pueblos. No respetan nuestros hogares y por eso conformamos una vigilia permanente para decir basta a la minería ilegal.
Ese ha sido mi único pecado, pero me han acusado de paralizar servicios, de daños a bienes ajenos y hasta nos llamaron revoltosos. Pero lo cierto es que solo hemos pedido respeto para la selva.

Junto a ocho compañeros hemos sido criminalizados y por eso tuvimos que dejar hasta nuestras labores de agricultura. Las comunidades nos respaldan y por eso la Asamblea nos otorgó la amnistía.

Para nosotros, esto es un aliento, pues se está garantizando la lucha de los pueblos indígenas en pro de la naturaleza.
El país debe entender que el extractivismo no es un desarrollo social, por el contrario, solo trae destrucción y pobreza.

José Esach es uno de los defensores indígenas del bosque Kutuku, en la provincia de Morona Santiago.

La amnistía dio justicia a perseguidos

La lucha fue dura. Durante seis años fuimos acusados por un delito que no cometimos. Mi nombre es Ángel Punina y tengo 50 años. Vivo en la comunidad La Esperanza, ubicada en la provincia de Tungurahua.

En 2016 fui procesado por un presunto delito de intimidación. Todo empezó cuando una empresa ingresó a nuestros territorios para intentar apropiarse de las fuentes naturales de agua para luego comercializarla.

Esa compañía supuestamente tenía el aval del Gobierno, pero nosotros nos opusimos a la extracción de nuestro tesoro natural. Por siglos, nuestros padres y abuelos protegieron el agua que baja de las vertientes.

Nunca nos pidieron autorización ni socializaron los planes. Lo único que hicieron es perseguirnos con juicios. Estos procesos nos golpearon la economía.

En la comunidad hicimos colectas para solventar los gastos de abogados y movilización. Por eso, creo que la amnistía dio justicia a quienes fuimos perseguidos. Nosotros no pedimos disculpas al Gobierno porque era nuestro derecho proteger el agua.

La Pachamama siempre será nuestra prioridad por el futuro de nuestros hijos y de todo el país. Eso lo recalcamos en cada una de las mingas que tenemos en la comunidad. Incluso, nuestro cuidado prohíbe que nuestro ganado llegue a las vertientes naturales de las montañas.

Ángel Punina es líder indígena desde hace 30 años. Es vicepresidente de la Junta Parroquial de Pilahuín.